Los cuatro policías que están señalados de haber cometido el crimen de un periodista en el municipio de Taxco fueron vinculados a proceso penal ante el juez de control donde les dictaron la medida de prisión preventiva que purgarán en la cárcel de Iguala.
De acuerdo con información oficial los policías fueron judicializados por el delito de “secuestro agravado y trata de personas”, pero se espera que en el transcurso del juicio se le adicione el de asesinato, el tema de trata se les impuso debido a testimonios de que obligaron a un joven a trabajar como “Halcón”, informante o vigilante para el crimen organizado.
Las carpetas fueron judicializadas la noche del pasado martes y se les notificó dentro del centro de readaptación de Iguala, donde los policías permanecerán todo lo que dure el proceso penal.
Los acusados Yolanda, Eusebio y Florentino, de los que las autoridades no revelan los apellidos por protocolos de la investigación, ellos enfrentan cargos por secuestro agravado.
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Mientras tanto, Marino está vinculado a proceso por trata de personas, además es señalado por presuntamente obligar a una de las víctimas a trabajar para un grupo delictivo de la zona Norte, con quien trabajaba el titular de la SSP, Cristofer Hernández.
Cabe resaltar que la fosa clandestina que se ha ligado con este caso se confirmó que los restos humanos concuerdan con los del periodista Enrique Hernández Avilez, quien se encuentra desaparecido desde el 21 de junio y desde los primeros días se señaló que la policía y un servicio de Grúas mejía estaba involucrado en su desaparición.
Fuentes de la fiscalía General del estado confirmaron que los perfiles genéticos del cuerpo localizado en una fosa clandestina en el municipio de Taxco coincide con las muestras que aportaron familiares del periodista desaparecido, mismo que habría sido asesinado por elementos de la policía local y sepultado en un paraje.
El miércoles 28 de agosto la policía estatal, apoyada por el Ejército y Guardia Nacional, tomaron el control de la seguridad en Taxco, y en las instalaciones de la policía detuvieron a 10 personas, 4 elementos policiacos sobre los que pesaba orden de aprehensión por el secuestro y posterior asesinato del periodista y otros delitos imputados a ellos.
Los otros seis inicialmente no pudieron confirmar su pertenencia a la corporación y se fueron detenidos como civiles, en ese lugar también liberaron a una persona secuestrada, con posterioridad se entregaron los documentos que los acreditan como policías y por ello se les imputó delito de privación Ilegal de la libertad.
Además de los cuatro detenidos, se presentaron otros 49 policías municipales ante el ministerio público.
La seguridad en el municipio fue asumida de manera temporal por la Policía estatal y Guardia Nacional, luego de que el estado tuviera que emitir un decreto para poder hacerlo y no vulnerar los derechos constitucionales del actual alcalde Mario Figueroa Mundo, quien se había negado incluso a que hubiera colaboración estados y municipio para la atención del C2.
