/ miércoles 3 de octubre de 2018

Siguen policías municipales trabajando desarmados

Desde el domingo no les surten combustible para las patrullas y tampoco hasta ayer les habían pagado su quincena

Policías preventivos y viales ayer continuaban desarmados, cumpliendo una semana en esta situación; asimismo, se informó que desde el domingo no les surten combustible para las patrullas y tampoco hasta ayer, les habían depositado su pago de la quincena.

De acuerdo con lo publicado por El Sol de Acapulco este martes, ayer a las tres de la tarde venció el plazo de 72 horas que la Novena Región Militar dio al ahora ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, para que aclarara dónde se encuentran las 342 armas pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública municipal, que no fueron encontradas durante la revisión del armamento que realizó el martes pasado el Ejército tras el operativo de la Marina, donde dos mandos policiacos fueron detenidos.

Policías municipales consultados, quienes omitieron sus nombres por temor a represalias, denunciaron que no les han pagado la quincena pasada, y sólo el domingo les otorgaron combustible para las patrullas, debido a que ese día tomaba protesta la alcaldesa Adela Román Ocampo.

Un día después, ya no les surtieron la gasolina para las patrullas, por lo que sólo en el caso de los viales, utilizan motocicletas para casos de accidentes, indicaron los policías, quienes señalaron que de su bolsillo costean el combustible para trabajar.

Ayer, informaron los policías, que por el operativo por la visita hoy del presidente electo Andrés Manuel López Obrador al puerto, les cargaron combustible, sólo por este día.

Asimismo, indicaron que se encuentran “apostados” en cruceros sólo para dar vialidad y no realizan recorridos por las avenidas; de igual forma, los policías preventivos, en algunos casos, son acompañados de soldados y elementos del Estado.

Respecto a que se encuentran desarmados todavía, los policías consultados manifestaron que están vulnerables y no pueden proteger a los pobladores, ni inhibir los delitos, como debería ser.

A los elementos de la Policía Turística fueron los únicos a los que les devolvieron las armas y salieron a trabajar de forma “normal”, mientras que los preventivos, viales y rurales están desarmados.

El control de la SSP municipal está a cargo del Grupo de Coordinación Guerrero, el cual está integrado por la Marina, Sedena, Policía Federal y Estatal, así como la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entre otras.

El martes pasado, unos 100 marinos tomaron el control de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, desarmaron a los policías municipales en una operación donde también participó la Policía Ministerial y detuvieron a dos mandos de la corporación, acusados del delito de homicidio; asimismo, colaboraron más de 200 soldados y policías estatales.

Dos días después (jueves), el ahora ex secretario de Seguridad Pública en Acapulco, Max Sedano Romano, renunció al cargo, y denunció en conferencia de prensa que se encontraba retenido en la corporación y que fue amenazado por el fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos y el director de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado, que le integrarían una carpeta de investigación si no renunciaba.

Policías preventivos y viales ayer continuaban desarmados, cumpliendo una semana en esta situación; asimismo, se informó que desde el domingo no les surten combustible para las patrullas y tampoco hasta ayer, les habían depositado su pago de la quincena.

De acuerdo con lo publicado por El Sol de Acapulco este martes, ayer a las tres de la tarde venció el plazo de 72 horas que la Novena Región Militar dio al ahora ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, para que aclarara dónde se encuentran las 342 armas pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública municipal, que no fueron encontradas durante la revisión del armamento que realizó el martes pasado el Ejército tras el operativo de la Marina, donde dos mandos policiacos fueron detenidos.

Policías municipales consultados, quienes omitieron sus nombres por temor a represalias, denunciaron que no les han pagado la quincena pasada, y sólo el domingo les otorgaron combustible para las patrullas, debido a que ese día tomaba protesta la alcaldesa Adela Román Ocampo.

Un día después, ya no les surtieron la gasolina para las patrullas, por lo que sólo en el caso de los viales, utilizan motocicletas para casos de accidentes, indicaron los policías, quienes señalaron que de su bolsillo costean el combustible para trabajar.

Ayer, informaron los policías, que por el operativo por la visita hoy del presidente electo Andrés Manuel López Obrador al puerto, les cargaron combustible, sólo por este día.

Asimismo, indicaron que se encuentran “apostados” en cruceros sólo para dar vialidad y no realizan recorridos por las avenidas; de igual forma, los policías preventivos, en algunos casos, son acompañados de soldados y elementos del Estado.

Respecto a que se encuentran desarmados todavía, los policías consultados manifestaron que están vulnerables y no pueden proteger a los pobladores, ni inhibir los delitos, como debería ser.

A los elementos de la Policía Turística fueron los únicos a los que les devolvieron las armas y salieron a trabajar de forma “normal”, mientras que los preventivos, viales y rurales están desarmados.

El control de la SSP municipal está a cargo del Grupo de Coordinación Guerrero, el cual está integrado por la Marina, Sedena, Policía Federal y Estatal, así como la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entre otras.

El martes pasado, unos 100 marinos tomaron el control de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, desarmaron a los policías municipales en una operación donde también participó la Policía Ministerial y detuvieron a dos mandos de la corporación, acusados del delito de homicidio; asimismo, colaboraron más de 200 soldados y policías estatales.

Dos días después (jueves), el ahora ex secretario de Seguridad Pública en Acapulco, Max Sedano Romano, renunció al cargo, y denunció en conferencia de prensa que se encontraba retenido en la corporación y que fue amenazado por el fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos y el director de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado, que le integrarían una carpeta de investigación si no renunciaba.

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