Los cuatro indígenas asesinados el sábado en Chilapa, eran originarios del poblado de Alcozacán e integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
En un comunicado de prensa, firmado por la CIPOG-EZ y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S), lamentaron los asesinatos de los cuatro indígenas nahuas, quienes fueron identificados como María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, desaparecidos el viernes 18 de diciembre.
Las víctimas fueron encontradas en su propia camioneta en la carretera Chilapa-Tlapa, con huellas de tortura, atadas de las manos y con un tiro de gracia.
La organización responsabilizó de los crímenes a un grupo delictivo que opera en la zona, ya que los hechos ocurrieron un mes después de que 22 comunidades cercadas por el grupo paramilitar Los Ardillos, decidieron decir "Ya Basta".
Hicieron también responsables al gobierno municipal de Chilapa, al gobierno del estado de Guerrero y al Presidente de la República.
En el comunicado compartieron "no es vida lo que estamos viviendo. Pero ya comienzan a cobrar la cuota con sangre, porque nos quieren esclavos y nos quieren sometidos".
El consejo denunció que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, solo fue a sembrar división y compra de conciencia en Alcozacán, poblado donde el 17 de enero del 2020 fueron asesinados 10 músicos e integrantes de CIPOG-EZ.
Denunciaron también que los promotores estatales continúan recibiendo amenazas de muerte e intimidación en las comunidades de base de la CIPOG-EZ, CNI-CIG.
Además, acusaron que Encinas y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtieron en lo que simularon combatir.
"Los tres niveles de gobierno saben perfectamente lo que sucede en Chilapa, pero hacen negociaciones en vez de terminar con el crimen organizado", mencionaron.
Finalmente señalaron qué el subsecretario, Alejandro Encinas, se ha negado a brindar medidas cautelares y que por esa razón, la CNDH no mandó ninguna visita a registrar las violaciones a Derechos Humanos en Chilapa y las 22 comunidades que han sufrido.