CARACAS.- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, decidió hoy por unanimidad arrogarse las competencias para legislar del Parlamento, controlado por una contundente mayoría opositora.

La decisión se tomó luego de que la directiva del Parlamento venezolano no acudió hoy a la reunión a la que había sido convocada por la ANC, un órgano que los opositores tildan de ilegítimo y lo ve como un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en el país.

Mediante decreto el cuerpo plenipotenciario aprobó “asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos”.

“Así como para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución”, agrega el acuerdo que alega el poder supraconstitucional de la Constituyente para emitir decisiones incontestables.

Los más de 500 representantes de la ANC celebraron entre aplausos esta declaración que deberá ser publicada en Gaceta Oficial y comunicada a la directiva de la Cámara, presidida por el opositor Julio Borges.

El legislador firmó una carta abierta difundida hoy, en nombre de los diputados, en donde denuncia que la ANC “no es una auténtica Asamblea Constituyente”, sino “un poder de facto” que “pretende perpetuar” a Maduro en el poder, que fue “avalada por 2 millones de personas” nada más y no por los 8 millones que según el Poder Electoral eligieron a sus miembros el 30 de julio.

En el comunicado el Parlamento repasa las razones por las que repudia esta Asamblea instaurada por el oficialismo el 4 de agosto sin un referendo previo de aprobación, que ya cesó a la hoy exfiscal general Luisa Ortega, crítica con Maduro, y amenaza con llevar a la cárcel a líderes opositores.

El Parlamento es el único de los cinco poderes reconocidos en la Constitución venezolana que no se ha subordinado a la Constituyente, después de que lo hicieran el propio presidente Nicolás Maduro y los titulares de los Poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, todos señalados por la oposición de servir al Gobierno.