Con una sonrisa nerviosa, Valeria Martínez Mondragón cuenta sobre las trabas y dificultades que ha tenido que atravesar para defender el caso de ocho alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes fueron víctimas del delito contra la intimidad sexual.
Largas horas de audiencias, de enfrentar discriminación y de luchar contra las deficiencias del sistema.
“Me da satisfacción que las chicas me tengan confianza, trato de dárselas, que vayan mentalizadas a lo que tenemos que enfrentar en las audiencias. La defensa es muy voraz, es muy agresiva, entonces a ellas les causa ansiedad, de por sí ya es feo estar en un juzgado, luego tener que enfrentar a la defensa y a tu agresor es muy fuerte”, expresó.
La abogada recordó que al inicio de las audiencias las alumnas salían llorando, pero con el tiempo ha logrado que se sientan seguras y tranquilas con su defensoría.
Este mes se cumple un año de la detención de Diego “N”, estudiante de la Escuela Superior de Comercio y Administrativo (ESCA) en el casco de Santo Tomás, quien fue detenido por modificar miles de fotografías de las alumnas con Inteligencia Artificial (IA) para crear contenido sexual que vendía en internet.
“Yo ignoraba todas las deficiencias que la Fiscalía tiene, imagínate si en los delitos de feminicidio no existen fiscalías especializadas y personal especializado en el tema, con este delito que es nuevo y que nadie sabía qué se tenía qué hacer y por dónde empezar.
.jpg "ABOGADA-VALERIA MARTINEZ-cortesia valeria martinez mondragon (4).jpg")
"Entonces en su momento no lo pensé, no imaginaba todas las deficiencias que iban a existir y las necesidades para poder acreditar este tipo de delito”, expresó.
Valeria estudió derecho penal en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco y cuenta con una especialidad en derechos humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Desde hace diez años ejerce su profesión como abogada, sin embargo, nunca imaginó que llevaría el primer caso de violencia digital con IA que se registra en la Ciudad de México y el país, con el que enfrentaría muchas dificultades.
Yo ignoraba todas las deficiencias que la Fiscalía tiene, imagínate si en los delitos de feminicidio no existen fiscalías especializadas y personal especializado en el tema, con este delito que es nuevo, nadie sabía qué se tenía qué hacer y por dónde empezarValeria Martínez Mondragón, abogada penalista
Este mes se llevarán a cabo las últimas audiencias en las que se espera que el agresor de dos de las estudiantes pueda tener una sentencia condenatoria de al menos 12 años por cada una.... (en espera de lo que suceda el miércoles)
En entrevista con El Sol de México, la abogada penalista contó que el caso llegó a sus manos porque ningún abogado quería llevar la representación jurídica de las alumnas y porque tampoco contaban con los suficientes recursos económicos para pagar ya que les cobraban muy caro.
“Son estudiantes todas, pocas tienen ingresos propios, entonces se les complicaba mucho lo de los honorarios y mi compañera me contó que las chicas no encontraban y que nadie quería litigar, yo creo que el miedo que existía justamente es por ser el primer caso y no se sabía qué pruebas van a pedir o si existen los medios, ósea, realmente no se sabía nada del tema y yo dije, bueno pues yo quiero apoyarlas”, explicó.
Desde que Valeria Mondragón era adolescente tuvo claro que estudiaría derecho penal para ayudar y defender los derechos humanos de las personas, pues uno de los acontecimientos que marcaron su vida, fue cuando sus tíos fueron privados de la libertad y su familia no contaba con un abogado de confianza que pudiera orientarlos y ayudarlos.
Por ello aceptó apoyar a las alumnas y representarlas para visibilizar este tipo de violencia y contribuir a que se castigue o no se repita con otras mujeres.
Sin embargo, la representante legal explicó que durante este año la defensoría de las alumnas no ha sido fácil, pues solo dos casos se lograron judicializar porque contaron con las suficientes pruebas, pero el resto, se encuentran con trabas.
Además de enfrentar los vacíos legales que existen en la ley, así como la falta de herramientas digitales y licencias para poder realizar bien las investigaciones.
A pesar de que la “Ley Olimpia” que entró en vigor en 2020, reconoce la violencia digital como un tipo de delito y sanciona con multas económicas o penas de cárcel a quienes violen la intimidad sexual a través de medios digitales, existen vacíos legales que no contemplaban la utilización de la Inteligencia Artificial, ni abarca toda la problemática de la violencia digital.
Las chicas me contaron que cuando fueron a denunciar y yo no las acompañe, el Ministerio Público les dijo -yo me sentiría feliz si me pusieran un cuerpo como ese que te pusieron, así todo voluptuoso-, lo que me parece una grave ofensa para las víctimasMartínez Mondragón
“Las licencias para evaluar los teléfonos, iPads y computadoras son muy caras y las Fiscalías no cuentan con los recursos para este tipo de licencias, además se deben actualizar cada año. Entonces es la falta de inversión para las herramientas y para la capacitación del personal que no tiene el conocimiento de qué se debe hacer cuando suceden este tipo de casos”, señaló.
.jpg "ABOGADA-VALERIA MARTINEZ-cortesia valeria martinez mondragon (5).jpg")
La mujer de 33 años ha asistido con las estudiantes a más de diez audiencias de largas horas para su defensoría, en donde una de las principales problemáticas que enfrentó fue la falta de perspectiva de género con las juezas del Tribunal de la Ciudad de México, quienes minimizan que se trata de un delito que viola la intimidad de las mujeres.
“Las chicas me contaron que cuando fueron a denunciar y yo no las acompañe, el Ministerio Público les dijo bueno, “por lo menos no te violaron”, “solo fue tu foto o solamente es tu cara” e incluso he escuchado comentarios de “yo me sentiría feliz si me pusieran un cuerpo como ese que te pusieron, así todo voluptuoso”, lo que me parece una grave ofensa para las víctimas”, acusó.
- Conoce más del FinD: Melanie y Debanhi: dos historias que exponen la violencia hacia la mujer en el norte de México
Valeria debe ser contundente y tener listas las pruebas y elementos suficientes para cada una de las audiencias. Necesita estudiar, leer y sobre todo prepararse para enfrentar el machismo que existe en las fiscalías donde varias veces la discriminan por ser mujer y la tratan como si no tuviera experiencia.
“La mayoría que ejercen el derecho penal son hombres, entonces ver una mujer que se dedica al derecho penal, para ellos de entrada es que no sabes. Hay abogados que te quieren explicar lo que tú ya sabes, me ha pasado con compañeros y me ha dado mucho coraje porque efectivamente soy más joven, pero me preparo y tengo experiencia”, subrayó.
.jpg "FEMINICIDIOS-PROTESTAS-aracely martinez (9).jpg")
“Al final tú puedes llevar mil pruebas y puedes estar totalmente convencida de que esas pruebas son las fehacientes, que van a comprobar el delito, pero si la persona que está juzgando no tiene perspectiva de género, ellos pueden decirte que no es una prueba contundente”, agregó.
Aunque el camino aún es largo para el reconocimiento total de la violencia digital, este es el primer caso en México y América Latina defendido por una mujer, que es investigado y que podría ser sancionado por las autoridades.
Abogadas luchan contra la violencia ácida
Naxhiellie Carolina Hernández Hernández, es otra de las abogadas que venció las trabas legales para lograr justicia en el caso de Carmen Sánchez, quien fue atacada por su pareja con ácido en 2014.
Después de diez años de lucha, en mayo de 2023 su agresor finalmente fue sentenciado a 46 años y ocho meses de cárcel.
Una lucha histórica en América Latina por ser condenado por tentativa de feminicidio y no por el delito de lesiones como principalmente fue considerado.
Actualmente, Carmen es acompañada por la abogada Ana Katiria Suárez Castro, directora de la asociación civil “Voces Humanizando la Justicia”, con quien busca lograr una reparación de daño integral, que no sólo debe incluir un gasto monetario, sino medidas que reconozcan las afectaciones físicas, mentales y sociales para las mujeres sobrevivientes de violencia ácida.
