Luego que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez acusó ayer al INE de poseer fideicomisos ilegales, el árbitro electoral respondió al funcionario federal que sus fideicomisos no son ilegales y el recurso de estos son para proteger “derechos laborales y mejorar la infraestructura inmobiliaria”, no obstante el morenista insiste en que sus fondos son irregulares.
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El Zar antilavado de la Federación insistió este jueves en reprochar al INE que con los recursos que posee de sus dos bolsas (Fondo para Atender el Pasivo Laboral y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria), debía poner más casillas para la consulta de revocación de mandato e incluso señala que a él, oficialmente, le compete demostrar que esos fondos son ilegales. Sin embargo el INE le recitó que no lo son, a lo que Gómez dijo este jueves por l noche.
“Lo que me responde oficialmente el INE sobre sus dos fideicomisos es una de las tantas demostraciones del carácter ilegal de ambos”, asegura Gómez Álvarez.
Incluso sostiene que el INE no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario que le permita poseer fideicomisos. Sin embargo, hay que recordar que otras instituciones como la Secretaría de la Defensa (Sedena) tiene fideicomisos. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que con el Tren Maya se hará un fondo para pagar las pensiones de los militares jubilados. Pero a pesar de ello, el ex diputado federal dice que el INE “no podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función”.
Y es que el INE había respondido a Gómez que sus dos fideicomisos “se encuentran amparados en la ley, en su autonomía y cuya operación es transparente”.
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El árbitro electoral subrayó que el Fondo para Atender el Pasivo Laboral, tiene como objetivo proteger los derechos de las y los trabajadores, y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE, que también incluye el Fondo para la Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos del INE, tienen funcionamiento totalmente diferente; es decir, destino u objeto, fuente de financiamiento, comité, reglas de operación y cuenta bancaria, entre otros.
Asimismo, el INE recalcó que los recursos que se cuentan en dichos instrumentos, no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados, debido a que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estipula que la unidad responsable de la dependencia que coordine la operación de estos recursos, “será responsable de que se apliquen a los fines para los cuales fue constituido el fideicomiso”.
También reviró el Instituto al titular de la UIF que sus fideicomisos se encuentran sustentados desde la Constitución Política que determina que podrá contar con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio de su función.
Incluso, le aclaró al morenista en un comunicado que los dos fideicomisos que maneja tiene un saldo de mil 353 millones de pesos, de los cuales sólo 626.15 millones de pesos se encuentran disponibles y no pueden usarse para otros fines que los especificados.
El INE aseguró que el ejercicio de estos fideicomisos “es totalmente transparente” y que el ejercicio de los fideicomisos se atiende en una sentencia dictada por el Tribunal Electoral que señala que una de las cuestiones que tiene que atender el Instituto con los recursos, en particular de este año, es el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la institución.
Desde hace varios semanas Gómez comenzó a fustigar al INE, derivado de su trabajo en la organización de la consulta de revocación de mandato. Incluso el mismo domingo que se realizó esta consulta, Gómez dijo que la Cámara de Diputados “no redujo nunca el presupuesto del INE” y que lo que sí hizo fue no autorizar “las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año”.
Pero, hay que recordar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, la mayoría que ostenta el partido Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde, aprobaron una reducción de 4 mil 913 millones de pesos.
