La desaparición del estudiante de 17 años Marco Antonio Sánchez, el pasado 23 de enero, se suma al caso de Pamela Guadalupe Gallardo Volante (dado a conocer por este diario) que la Fiscalía Anti Secuestros (FAS) atrajo hace ya más de un mes ante la imposibilidad tecnológica de la que carece el personal del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la Ciudad de México, donde ambos jóvenes fueron reportados por sus respectivas familias, y a la fecha hay algo claro: nadie sabe dónde están, pese a que las indagatorias sobre ambos ya están en manos de especialistas.
Sobre el desempeño de CAPEA, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica de esta ONG, dijo en entrevista exclusiva con El Sol de México que CAPEA no es una área especializada en la búsqueda de personas, toda vez que hay rezago en la materia al carecer de investigación científica que conduzca a la ubicación de quienes están ausentes de sus hogares.
"CAPEA está rebasada. Vemos en otras entidades que se han modificado sus protocolos de búsqueda, también por mandato de la Corte. Este centro debe cambiar sus protocolos para la localización de las personas. Se necesita aplicar un análisis de contexto y llegar a la verdad sobre las personas desaparecidas", advirtió la abogada y señaló que es necesario que las pesquisas se ciñan a la recién promulgada (17 de noviembre de 2017) Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y de Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con el fin de que se utilicen todas las herramientas tecnológicas de la Procuraduría capitalina para la localización inmediata de quienes aparecen en los fotovolantes.
"En CAPEA falta investigación científica. Hay claras deficiencias en los procedimientos de búsqueda, porque no les interesa la verdad sobre la ausencia de las personas. Por eso te dicen que esperes 72 horas 'para ver si regresa tu familiar', cuando las primeras horas, tras el reporte, son vitales.
En el caso de las mujeres desaparecidas hay un ocultamiento de la violencia que enfrentan las habitantes de la Ciudad de México", señaló Ana Yeli Pérez.
Consultada también con respecto al trabajo que realiza este centro, la abogada Karla Michelle Salas considera que los encargados de la tarea en iniciar la investigación sobre el paradero de las personas extraviadas no cumplen con el perfil.
"Tendrán las buenas intenciones, pero no deberían estar (la actual dirección de ni la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito) CAPEA al frente de tan sensible área".
"En esta Procuraduría encontramos un sistema de corrupción que impide que casos de violencia de género se resuelvan, porque se niegan a aceptar que hay este foco. Y eso lleva a impunidad", coincidieron en entrevista por separado ambas especialistas.
En el caso de Marco, alumno de la Prepa 8, las versiones oficiales refieren que el joven fue sometido por al menos dos policías capitalinos y los subieron a una patrulla para trasladarlo a la Agencia 40 del MP en Azcapotzalco, adonde ni siquiera lo vieron llegar, por lo que los agentes ya son investigados tanto en la FAS como en SSP.
C5, tras los últimos pasos
El Sol de México también publicó que la tecnología más inmediata que tienen los habitantes de la Ciudad de México para reportar la ausencia ante el temor de peligro que pudieran enfrentar un familiar o ser querido está prácticamente en las esquinas de la Ciudad México. El C5 integra el programa Ciudad Segura con 20 mil cámaras de videovigilancia y sus botones de pánico que pueden ser activados por cualquier persona, reveló en entrevista María de los Ángeles López Peña, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) .
Por el caso Marco Antonio diversas instancias como la UNAM, revisar las cámaras de videovigilancia para tratar de dar con el joven
"La denuncia por desaparición también se puede hacer en los botones de pánico del sistema de videovigilancia, y Seguridad Pública inmediatamente se contacta con el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) y comienza la búsqueda", señala la funcionaria en una charla que se realiza en sus oficinas.
Aunque reconoce que no hay una cifra como tal, ni en promedio, de cuántas personas llegan a diario al Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) para hacer reportes, porque "varía", sí admite que una carpeta de investigación debe iniciarse inmediatamente.
"En un plazo no mayor a 48 horas, las agencias del Ministerio Público deberán integrar carpetas de investigación especiales en las que la búsqueda de personas lleve una ruta específica en caso del que desglose delas mismas conduzcan a que el reporte de ausencia está vinculado con un probable delito.
María de los Ángeles López Peña advierte, sin embargo, que las primeras horas son "fundamentales. ¿Por qué son tan importantes?, porque podemos perder algún dato significativo".
LEY DE DESAPARICÓN
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada.
Artículo 34. Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.
