Al Congreso de la Unión –Cámara de Diputados- le compete la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018; además, en el Senado están pendientes los nombramientos del Fiscal Anticorrupción, del Fiscal General de la República y el nombramiento de 18 magistrados administrativos, tres de sala superior y 15 regionales que empoderan al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Pero los integrantes del Congreso de la Unión quedan a deber la Ley de Seguridad Interior, Mando Mixto, Mando Único, quitar el fuero de los servidores públicos, y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos.
Además, la reducción del tamaño del Congreso de la Unión y la aprobación de una Ley por el Robo de Hidrocarburos, que tiene que ver con el combate a los huachicoleros. Una más es la Ley de Archivos, entre otras, a fin de abonar a la transparencia.
Periodos ordinarios van y vienen y los grupos parlamentarios no han logrado ponerse de acuerdo para cumplir su compromiso de reducir el número de legisladores y los costos que para el ciudadano tiene el Congreso de la Unión.
Inclusive, las bancadas del PRI, PAN, PRD y PVEM, han manifestado su interés de reducir 100 de los 500 diputados federales y 32 de los senadores. Sin embargo, no se han dado los consensos y dejaron el tema en la una larga lista de pendientes.
Otro gran pendiente cuando están en puertas las elecciones presidenciales del 2018, es la segunda vuelta electoral, de la cual el PAN ha sigo impulsor constante, pero sus iniciativas no han tenido eco entre priístas, el principal opositor.
Las promesas llegaron cuando una y otra vez el PRI habló de un periodo extraordinario entre mayo y agosto pero sin llegar a concretarlo para saldar todos los pendientes.
Pero el trabajo legislativo también se vio empañado por las elecciones locales, que desembocó con la pugna del nombramiento del Fiscal General de la República que en este momento tiene enfrentado al PAN y PRI por la autonomía e independencia, y la simpatía de un fiscal a modo por parte de los priístas.
A ello hay que sumar la falta de acuerdo en la votación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que provocó una parálisis legislativa.
