Un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que en la entidad el 39.8% de las personas que se encuentran privadas de la libertad en cárceles, se consideran víctimas de actos de corrupción durante su proceso penal.
Se trata de una serie de estadísticas, puestas sobre la mesa a propósito del Día Internacional Contra la Corrupción, que corresponden al censo de 2021.
De acuerdo con estos números, de este 39.8% que denunció irregularidades en su proceso penal, el 21.6% considero que los actos de corrupción ocurrieron al momento de su detención, mientras que el 17. 1% manifestó que las irregularidades se cometieron en el Ministerio Público.
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Por encima de Guerrero, se encuentran los estado de Puebla, el Estado de México y la ciudad de México, con los porcentajes más altos en materia de corrupción, que hizo referencia la población penitenciaria.
También, se incluye información general, relacionada a la percepción que tiene la población mayor de 18 años, que asume que ha sido víctima de algún acto de corrupción.
En este caso, en Guerrero el 13.3% de la población que tuvo contacto con algún autoridad o servidor público, aseguró haber sido víctima de corrupción.
Se presenta una tabla entre cifras en las que se compara la percepción entre hombres y mujeres sobre el tema.
En este caso, se visualizó que de estos 13.3% que dijo haber sido víctima de actos de corrupción, el 19% correspondía a hombres y el 8.4% a mujeres, es decir, que los hombres enfrentaron el doble de actos de corrupción que las mujeres.
En otro apartado del informe, se señala que en entidades como Guerrero, esta cuenta con cinco de seis mecanismos de control interno, es decir, herramientas que permiten realizar investigaciones de las acciones y de cómo se manejan los recursos financieros dentro del aparato gubernamental.
De acuerdo con esta información, en la entidad, hay mesas de recepción de denuncias, se presentan declaraciones de situación patrimonial, hay un registro de declaraciones de intereses y hay cumplimiento de sanciones impuestas.
También, existen propuestas de mejoras para los procesos de trabajo, y el único faltante es que no existe en la entidad una constancia de presentación de declaración fiscal, en este caso de servidores públicos.