Trabajadores sindicalizados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), solicitaron la destitución del director del organismo Leonel Galindo González y anunciaron que lo demandarán penalmente por el delito del desvío de recursos provenientes de las cuotas que no han sido reportadas al ISSPEG.
En conferencia de prensa, los empleados y representantes sindicales de la sección XXV del SUSPEG, criticaron que la actual administración en la paramunicipal no ha reportado un solo peso al Instituto, lo cual mantiene detenido los beneficios de la mencionada instancia a los empleados que no logran jubilarse a pesar de contar con hasta 40 años laborando, asegurando que en enero del presente año murieron 7 empleados sin acceder a ellos.
El representante sindical, Gonzalo Arias Cárdenas, tachó de "inepto" al directivo y evidenció que este ha hecho mal manejo de la CAPAMA, ejemplificando un contrato de obra de 14 millones de pesos que fue dada por adjudicación directa a una empresa que presuntamente está relacionada con Galindo González, dado que la ley marca que cualquier obra que supere los dos millones de pesos debe entrar a licitación.
"Exigimos la destitución, ya que ha demostrado la incapacidad dejando a la ligera un problema tan serio como es el del ISSSPEG. En 35 años que un servidor tiene en el organismo de trabajo, es director más soberbio e inepto que hemos tenido en la historia de CAPAMA. Estamos pidiendo al ingeniero Leonel Galindo que si no tiene el recurso para pagar los 260 millones de pesos que adeuda al ISSSPEG, que cuando menos se ponga al corriente de los 62 millones que adeuda de la administración de la presidenta Adela Román", dijo.
Arias González, informó que en próximas fechas acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja, además de que acudirán a la Fiscalía General del Estado para demandar penalmente al director por el delito de desvío de recursos, ya que cada quincena descuentan a cada empleado el 11 por ciento de su salario, mismo que no ha sido reportado al ISSSPEG.
Además, solicitó la remoción del director operativo, Rogelio Morales y el contralor interno, Adalid Cruz, ya que estos funcionarios han emprendido una presunta campaña de hostigamiento en contra de los sindicalizados, mientras no han logrado solucionar los verdaderos problemas que tiene el organismo operador de agua.
Por su parte, el empleado Manuel Valadez Pérez quien lleva 40 años laborando en el departamento de alcantarillado, solicitó la intervención del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ya que existen alrededor de 400 empleados enfermos y con incapacidades que no pueden acceder a la jubilación por los adeudos millonarios.