Al enfatizar que las víctimas de la violencia siguen multiplicándose con todas sus necesidades, el Padre Jesús Mendoza Zaragoza, auxiliar en el Programa de Atención a Víctimas de la Violencia (PAVV), afirmó que los gobiernos no les han dado a las víctimas el lugar que les corresponde en la agenda pública y tienen que seguir mendigando la ayuda que el estado tiene como obligación propia.
Explicó que, por ejemplo, buscar a los desparecidos es responsabilidad del estado, sin embargo, no hacen nada y esto obliga a las familias a tomar las herramientas en sus manos para buscarlas en fosas clandestinas.
Las víctimas representan una grande herida social abierta y dolorosa que necesita ser atendida por el estado de manera proporcional, “es tan grave que va detener todo el proceso de desarrollo, de democracia y de avance en el país”.
Durante la pandemia la atención se ha centrado por razones obvias en las tragedias vividas durante la cuarentena las víctimas de la violencia ha pasado a segundo plano y ha dado lugar a otro tipo de violencia, refirió el prelado Mendoza Zaragoza.
Hace una década la arquidiócesis asumió la responsabilidad del acompañamiento a las víctimas de la violencia con un enfoque de construcción de paz, sabiendo que se trata de una acción preventiva para evitar nuevas violencias y una acción sanadora para curar las heridas.
Mendoza Zaragoza recordó que fue en el 2011, cuando estalló una crisis de violencia e inseguridad en Acapulco, que puso en alto riesgo la economía del puerto y fue la ocasión para la intervención contundente de las fuerzas federales, Ejército, Marina y Policía Federal con la operación Guerrero seguro que desde entonces no se ha ido y se han quedado de manera permanente.
Nuestra ciudad era una tragedia viva con altos índices delictivos relacionados con la lucha entre bandas de narcotraficantes y otras extensiones de la delincuencia organizada por la plaza de esta ciudad, dijo.
Desde el 2006 ya había episodios de acciones violentas a los que nos fuimos acostumbrando, pero desde ese tiempo llegaban a nuestras parroquias casos de víctimas que pedían ayuda. La arquidiócesis no tenía las capacidades necesarias ni las habilidades suficientes para hacer frente a situaciones inéditas, precisó.
Hoy queremos dar un nuevo impulso a esta tarea invitando a la sociedad para que participe y colabore de la manera que sea posible.
Hay que considerar que el alcance de nuestra acción es mínimo aún porque la demanda es inmensa, indicó.
Refirió el padre Jesús Mendoza, que “vamos a iniciar este proceso con un camino de recuperación de la memoria histórica de estos diez años, tanto en el asunto de la violencia como en la respuesta que otros actores hayan hecho a lo largo de este tiempo”.
