Si el ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre es responsable de algún delito debe de responder ante la justicia, coincidieron regidores que integran el cabildo porteño, tras darse a conocer que se amparó ante el temor fundado de ser detenido, por 68 autoridades, por presuntos desvíos de recursos públicos.
Entrevistados por separado, los regidores Ilich Lozano Herrera y Luis Miguel Terrazas Irra señalaron de entrada, que si el ex presidente municipal buscó la protección federal a través de un amparo, es que algo ha de temer y tiene cuentas pendientes, por eso esperan que la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, rindan un informe real de la situación financiera en la que la dejó.
Lozano Herrera, quien fuera síndico en la administración de Velázquez Aguirre, señaló que la alcaldesa Adela Román Ocampo ya anunció que en un plazo de 30 días dará un informe de cómo se encuentra el Gobierno municipal “han ido saliendo cosas que no teníamos conocimiento, como lo que informó el síndico Javier Solorio Almazán, de que no se pagó el SAT y que se deben 300 millones de pesos, del ISR que ya les fue descontado a los trabajadores de Acapulco”.
Afirmó que esto es grave, pues podría el Ayuntamiento ser embargado y por eso habría que esperar cuáles son los efectos por no haberse pagado en tiempo y forma las aportaciones al SAT, además de otros adeudos millonarios que han ido surgiendo a medida que se van descubriendo las irregularidades que heredó Evodio Velázquez.
También consideró que deben de revisarse las bases que dio, principalmente las que otorgó al final de su administración, así como tomarse medidas administrativas para retirar a los “aviadores”, que son otro lastre para el Ayuntamiento y se está proponiendo una lista única que se maneje de manera escrupulosa.
Por su parte, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Terrazas Irra, en primer término dijo que el ex alcalde, Aguirre Velázquez está en su derecho de recurrir en un amparo, pero también decir con claridad que están en contra de que haya una malversación de fondos y si cometió algún ilícito que responda ante la ley.
