El Colectivo contra la Impunidad, el Centro comunitario de Ayutla y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en Chilapa, se manifestaron en la entrada principal de los juzgados del Poder Judicial por haberse pospuesto la audiencia de vista final por la denuncia de violación de Inés Fernández Ortega contra un militar.
Rogelio Téliz García asesor jurídico de la víctima dijo que la audiencia fue reprogramada para el próximo lunes 24 de octubre, a lo que les causó asombro por el aplazamiento y suspensión.
Dijo que este día se tenía agendado a las 11:00 de la mañana, la audiencia final del proceso penal que inició desde el 2002, donde en el 2003 detuvieron al presunto responsable el militar Humberto García de León.
Detalló Téliz García que no realizó debido a que el militar está preso en el Campo Militar número 1, en la Ciudad de México y debe asistir a un juzgado de procesos federales en esa ciudad y “no hubo una convalidación para celebrarla”.
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“Como Tlachinollan nos preocupa que no se resuelva dicho asunto y no se tenga una sentencia, son 20 años que la señora Inés continúa siendo víctima de justicia, no hay una sentencia a su favor y además re victimizada con el tema”.
Pidieron, exigieron y emplazaron al poder judicial federal que el próximo lunes se lleve a cabo la audiencia y no exista ningún impedimento y se pueda dictar una sentencia condenatoria.
Cabe recordar que Doña Inés, en el mes de marzo del 2002 fue víctima de tortura sexual por parte de elementos del Ejército Mexicano en la Comunidad de Barranca Tecoani en el municipio de Ayutla de los Libres región de la Costa Chica de Guerrero.
La víctima quien lleva con más de 20 años con medidas cautelares pidió que “se realice ya esta audiencia, porque llevo muchos años luchando para que esta persona sea castigada”.
El defensor destacó tener preocupación por el caso ya que se desconoce el porqué se está prolongando y la defensa del militar “ha estado poniendo muchos obstáculos y difirimientos”.
Rogelio Teliz, reconoció de qué hay riesgo de que se emita la sentencia sin embargo, dijo que confían en la autonomía y el poder judicial “dicten una sentencia condenatoria porque hay las pruebas y los elementos suficientes para condenar”.
Agregó que dicha agresión sexual fue denunciada en el fuero civil en México, y en las Fiscalías de Guerrero, no obstante, no le hicieron caso porque la señalaban como mentirosa, debido a que “el fuero militar influyó mucho porque hizo una investigación cuando no le correspondía”.
Finalmente detalló que se acudió a la Comisión Interamericana y está hizo un llamamiento al estado mexicano para que reconociera su responsabilidad, lo cual no lo acepto y el caso se turnó a la corte Interamericana y esta hizo un juicio en el 2010, y el 30 de agosto determinó responsabilidad al estado mexicano y ordenó abrir una apertura de una investigación de un juicio en el fuero civil.
