Trabajadores del Tecnológico Nacional de México campus Acapulco pidieron la intervención del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación Pública, de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno de Guerrero, y de los órganos de Control de la UAGRO y del Municipio de Acapulco, para que se investigue y se les sancione a cinco docentes que tienen plazas de tiempo completo en otras instituciones educativas y cobran un ingreso sin devengarlo.
A través de un escrito, el personal del instituto, puntualizó que estos docentes durante muchos años han contado con el apoyo de la Delegación Sindical D-V-13 de la Sección 61 del SNTE, para presionar a los directores en turnos del Tecnológico para que les hicieran horarios laborales a modo, y justifiquen sus inasistencias e incumplimiento en aulas.
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Se trata de los catedráticos del Campus Acapulco, Jaime Lorenzo Arrieta Vera; Juan Villagomez Méndez; Mario Jiménez Vázquez; Yolanda Catalán Cerdeño y Gustavo Moreno Alvarado, todos integrantes de la plantilla del Campus Acapulco, pero también trabajan en el ayuntamiento, la Capama, en el Colegio de Bachilleres, en la Universidad Autónoma de Guerrero y hay un comisionado en el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
Por lo que piden a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, de la Presidenta Municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez y del Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Olea, investigar a los cinco docentes en cuestión y que son maestros del Tecnológico, pero también cuentan con plazas de tiempo completo en otras instituciones educativas.
Coincidieron que ahora que el país vive una Cuarta Transformación en la que el Presidente de la República, Andrés Manuel Lopez Obrador, permanentemente está llamando a los servidores públicos a erradicar la corrupción.
Por lo que señalaron, es indispensable dar a conocer estos casos para que se investiguen y se sancionen de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativa, y mencionaron que no es posible seguir permitiendo que dañen los erarios públicos, y menos aún a los estudiantes.