El puerto de Acapulco, no sólo se ha mantenido a través de décadas como un destino de playa de nivel mundial, donde se registran problemas que van desde la decadencia de su imagen, hasta la violencia y los robos que le han dado una mala imagen a este puerto turístico.
Además de estos conflictos sociales que se han suscitado en su franja turística hasta las más de 400 colonias populares, el puerto de Acapulco, ha sufrido de una invasión importante de lo que representan sus más de 20 kilómetros de su zona de playa que comprende desde Pie de la Cuesta a Barra Vieja.
La invasión de la franja de playa en el puerto se ha generado por grandes empresas de hoteles, condominios, restaurantes, y propietarios de tierras ejidales que se ha apoderado de manera ilegal de áreas que son consideradas como accesos a las playas.
En el país en el mes de octubre del 2020, entró en vigor la Ley General de Bienes Nacionales, la cual garantiza el libre acceso y tránsito en las playas, entre estas las 24 de Acapulco.
La ley, que a más de dos años de haber sido aprobada por el voto director de 400 legisladores federales, hasta el momento, es letra muerta para autoridades de Guerrero, debido a que la invasión de por lo menos entre cinco y siete kilómetros de la zona de playa, se mantiene aún cuando esto, es prohibido.
La ley General de Bienes Nacionales garantiza el libre acceso directo y tránsito en las playas, medidas que en Acapulco están bajo el mando de empresarios hoteleros que mantienen acordonadas extensiones de playa en donde colocan camastros, sombrillas, toldos y hasta enramadas en donde instalan desde pequeños bares.
De acuerdo a la ley, los propietarios de los inmuebles que invaden de forma ilegal la zona federal, van desde los tres mil a las 12 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El valor de una UMA, es de 89.62 pesos por día, o en caso de ser la multa por mes, la Unidad de Medida y Actualización, es de dos mil 724 pesos con 45 centavos y 32 mil 693.49 pesos anuales.
A más de dos años de la ley, en Acapulco, ninguna empresa o establecimiento comercial así como propietarios de predios que tienen en su poder accesos a playas, han sido sometidos a procesos legales por invadir la zona federal.
De las tres zonas turísticas que forman el puerto de Acapulco, la Diamante considerada de mayor plusvalía, es donde se registra el mayor problema de invasión de la zona federal, por hoteles, condominios y negocios.
Posteriormente, la zona Dorada donde los hoteles y condominios mantienen acordonadas extensiones de la área de playa, por donde no hay paso libro para quienes acuden a la bahía del puerto.
Son poco más de dos mil 200 los negocios entre hoteles, condominios, restaurantes y parianes, los que se ubican en la franja federal, y muchos de estos viola la Ley General de Bienes Nacionales al cerrar el libre tránsito en la franja de arena.
Finalmente, en la zona del Acapulco Tradicional también se tiene el problema de la invasión de la zona federal.
La determinación legal aprobada en el 2019 por legisladores, dio como resultado que la madrugada del pasado 18 de julio del 2020, personal se dependencias de los tres niveles de gobierno, en coordinación con elementos de la Marina y Guardia Nacional, llevaron a cabo un desalojo sorpresivo de los prestadores de servicios turísticos, en la playa Carabalí donde se consideró un proyecto de playa liberada en el que de pretende instalar corredor turístico el cual a caso un año no se ha iniciado.
Durante el desalojo que generó bloqueos de calles y marchas por parte de prestadores de servicios turísticos y comerciantes, las autoridades retiraron mobiliario como sillas, sombrillas, camastros y toldos de la zona de playa como parte del programa puesto en marcha por el gobierno federal.
Sin embargo, la zona federal recuperada en el 2020, nuevamente fue invadida por prestadores de servicios turísticos.
