/ miércoles 19 de julio de 2017

Pagan extorsión y derecho de piso comerciantes de Acapulco y Chilpo

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El cien por ciento de los ambulantes y pequeñoscomercios de Chilpancingo y el puerto de Acapulco, pagan laextorsión y el derecho de piso, afirmó el presidente de laFederación de Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero (FCCEG),Alejandro Martínez Sidney, quien exigió que se nombre unafiscalía especializada de atención a estos delitos y setipifiquen como delitos graves.

El líder de los empresarios guerrerenses refirióque es urgente que se modifique el nuevo sistema penal acusatorio yse tipifique la extorsión como delito grave, porque se estáincrementando y obligando a cientos de comerciantes a cerrar demanera definitiva sus negocios pues todos pagan a las bandas dedelincuentes.

Leermás:  

Afirmó que no es nueva su postura, de que mientrasno se modifique la ley seguirá siendo una puerta giratoria y estoinhibirá la denuncia, porque existe otro problema, que quienes sehan atrevido a comparecer en los ministerios públicos paradenunciar estos delitos, están muertos.

Lo grave, dijo, es que los delincuentes se han dadocuenta que es un negocio lucrativo, por eso han surgido más bandaspara vivir de la extorsión y el cobro por derecho de piso, por loque existen empresarios que pagan dos y hasta tres cuotas parapoder seguir trabajando.

El dirigente camaral, Martínez Sidney, por esovolvió a pedirle al presidente de la República, Enrique PeñaNieto y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que se reviseel nuevo sistema penal acusatorio y que se tipifique la extorsióncomo delito grave, igual que el secuestro.

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Con esto no sólo será responsabilidad de laFiscalía General del Estado combatir estos casos, sino tambiénpodrá atraerlos la Procuraduría General de la República (PGR),para que haya más garantías para los denunciantes y evitar quesean víctimas de represalias por parte de los delincuentes.

También exigió una unidad especializada en eldelito de extorsión y que los malhechores sean procesados,dictándoseles cárcel preventiva,

porque hasta ahora, pese a ser señalados, no pisanla cárcel y siguen operando impunemente, matando a quien se osa adenunciarlos.

Por eso reiteró a los senadores y diputados quehagan su trabajo y que legislen en la modificación de la ley, paraque realmente se proteja a las víctimas y no a losdelincuentes.

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El cien por ciento de los ambulantes y pequeñoscomercios de Chilpancingo y el puerto de Acapulco, pagan laextorsión y el derecho de piso, afirmó el presidente de laFederación de Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero (FCCEG),Alejandro Martínez Sidney, quien exigió que se nombre unafiscalía especializada de atención a estos delitos y setipifiquen como delitos graves.

El líder de los empresarios guerrerenses refirióque es urgente que se modifique el nuevo sistema penal acusatorio yse tipifique la extorsión como delito grave, porque se estáincrementando y obligando a cientos de comerciantes a cerrar demanera definitiva sus negocios pues todos pagan a las bandas dedelincuentes.

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Afirmó que no es nueva su postura, de que mientrasno se modifique la ley seguirá siendo una puerta giratoria y estoinhibirá la denuncia, porque existe otro problema, que quienes sehan atrevido a comparecer en los ministerios públicos paradenunciar estos delitos, están muertos.

Lo grave, dijo, es que los delincuentes se han dadocuenta que es un negocio lucrativo, por eso han surgido más bandaspara vivir de la extorsión y el cobro por derecho de piso, por loque existen empresarios que pagan dos y hasta tres cuotas parapoder seguir trabajando.

El dirigente camaral, Martínez Sidney, por esovolvió a pedirle al presidente de la República, Enrique PeñaNieto y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que se reviseel nuevo sistema penal acusatorio y que se tipifique la extorsióncomo delito grave, igual que el secuestro.

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Con esto no sólo será responsabilidad de laFiscalía General del Estado combatir estos casos, sino tambiénpodrá atraerlos la Procuraduría General de la República (PGR),para que haya más garantías para los denunciantes y evitar quesean víctimas de represalias por parte de los delincuentes.

También exigió una unidad especializada en eldelito de extorsión y que los malhechores sean procesados,dictándoseles cárcel preventiva,

porque hasta ahora, pese a ser señalados, no pisanla cárcel y siguen operando impunemente, matando a quien se osa adenunciarlos.

Por eso reiteró a los senadores y diputados quehagan su trabajo y que legislen en la modificación de la ley, paraque realmente se proteja a las víctimas y no a losdelincuentes.

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