Los jueces y magistrados del poder judicial de la federación, hicieron un posicionamiento para defender la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, de guardar y hacer guardar la Constitución, para responder a lo que calificaron de falso discurso de que son privilegiados y viven del abuso del erario público, que son salarios en cantidades excesivas que, se aseguró, no corresponden ni cercanamente a la realidad.
En la explanada de las oficinas del Poder Judicial de la Federación del puerto de Acapulco, sin permitir entrevistas, integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) de Guerrero, dieron lectura a este posicionamiento que se hizo de manera simultánea en todo el país, para responder a la propuesta de reducción de salarios del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y se declararon en pie de lucha por la defensa del Estado de Derecho.
Al inicio de la lectura del documento que hicieron público, que fue en el marco de la conmemoración de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, los trabajadores del PJF expresaron que es falso que tengan salarios exorbitantes y defendieron que, como juzgadores de carrera, fueron designamos por méritos propios y tienen el compromiso de hacer cumplir la Constitución, además de que con sus resoluciones hacen valer los derechos humanos de las personas contra actos arbitrarios de las autoridades, lo que suele, no ser cómodo.
En un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie, salvo de la Constitución y tratados internacionales, además la independencia de la judicatura no es un manto de impunidad, es el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez lo defienda del abuso de la autoridad, se precisó.
Se indicó que como asociación no pueden permitir que se emitan propuestas que afecten su institucionalidad, el gobierno judicial y su operatividad sin considerar la autonomía e independencia del PJF, “un juzgador debe ser silencioso y prudente con la vida pública, sin embargo, ejerceremos nuestros derechos, dentro de los cauces legales”.
Se alertó que el riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.
