La presidenta municipal, Adela Román Ocampo, afirmo que por lo menos unos 600 mil acapulqueños resultaron afectados por la suspensión agua potable que provocó la CFE desde este miércoles al cortar el servicio de energía eléctrica en el sistema de captación Papagayo II y el acueducto Lomas de Chapultepec.
En entrevista luego de haber concluido el acto oficial de toma de protesta de los integrantes del Sistema Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres por el periodo 2018-2021, la primera autoridad de la ciudad señaló que la CFE, solo entiende de dinero, sabe cuál es la situación de la administración en materia financiera.
Reconoció que la deuda histórica que tiene la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, con la CFE, no se ha pagado, y que la actual administración debe de cubrir de manera trimestral con la dependencia federal entre 22 y 23 millones de pesos.
Abundó que desde el día miércoles luego que la Comisión Federal de Electricidad corto la energía eléctrica primero en el sistema de captación Papagayo II y la planta potabilizadora Cayaco, se empezó a dialogar con las personas indicadas, por lo que se espera que de un momento a otro se restablezca el servicio de agua en toda la ciudad.
Román Ocampo, reconoció que hay algunas empresas (sin dar a conocer nombres), que no han pagado por el servicio de agua potable que reciben por la CAPAMA, por lo que dijo que es el director comercial del organismo quien tiene toda la relación de estas compañías deudoras.
Por otro lado, al referirse al tema de la violencia en Acapulco, la primera autoridad manifestó que la seguridad ha mejorado en la ciudad, y por lo tanto se ha disminuido el número de muertes violentas, sin embargo, ha proliferado otro tipo de ilícitos que también están siendo enfrentados como el de la extorsión el cual debe de ser atacado en su investigación por el gobierno del estado a través de la fiscalía.
Señalo que una de las causas por las cuales no se ha podido enfrentar de manera directa los problemas de la violencia, es debido a que la ciudadanía no tiene la cultura de la denuncia.