El auditor superior del estado, Alfonso Damián Peralta dio a conocer que se iniciaron cuatro nuevos procedimientos de fiscalización correspondientes al ejercicio fiscal 2018 correspondientes a la administración que encabezó el ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre.
En entrevista en el ayuntamiento del Parque Papagayo, minutos después de haber terminado un curso de capacitación fiscal para funcionarios y regidores de la comuna porteña, el titular de ASE, explicó que los temas a fiscalizarse son obra pública ejecutada, el Impuesto Sobre la Renta donde existe un adeudo por más de 200 millones de pesos, la deuda con el ISSSPEG y en desempeño.
“Los pronunciamientos sobre los resultados de estas cuatro auditorias que están abiertas para el ayuntamiento de Acapulco en el ejercicio fiscal 2018, se realizarán en los términos que marca la ley cuando se concluya con el procedimiento de acuerdo a la ley se tiene hasta el 20 de febrero para terminar y dar los resultados al congreso del estado”, expresó Damián Peralta.
Añadió que este proceso de fiscalización, se suma a los realizados en el 2016 y 2017 en los cuales se hicieron algunas observaciones que mantiene su curso de investigación a través de las instancias correspondientes.
Alfonso Damián Peralta, dijo que, en estos momentos, la Auditoria Superior del Estado (ASE), no pueden dar a conocer las observaciones que se han detectado en estos cuatro procedimientos de fiscalización que se tienen del 2018, porque se estaría obstaculizando los ejercicios que se están realizando, pero están focalizados en el impuesto sobre la renta, adeudos con el ISSSPEG, obras que estén ejecutadas.
Dijo también que dentro del proceso de fiscalización 2018 que esta investigándose, se encuentran integrados los tres meses que estuvieron en manos del actual gobierno que encabeza la presidenta Adela Román Ocampo.
Al referirse al tema de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), el auditor del estado, dijo que ya se concluyó con las observaciones que se hicieron, y que el rembolso de los recursos por parte de los tres ex funcionarios que fueron inhabilitados, ya no está en manos de la Auditoria Superior del Estado.