A siete días que integrantes del sindicato rojo de la CAPAMA iniciaran su huelga de hambre para demandar reinstalación de más de 30 ex trabajadores, el secretario general del ayuntamiento José Juan Ayala Villaseñor, afirmó que no hay condiciones económicas por parte del gobierno para acceder a las exigencias del pliego petitorio de los huelguistas.
En entrevista luego de haber recibido en mesa de trabajo a integrantes del colectivo “Evoluciona” que preside el ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, el responsable de la política interna del ayuntamiento señaló que la huelga de hambre es un recurso de chantaje y presión para pretender obligar al gobierno a aceptar un pliego petitorio en el que el dirigente José Martín Martínez Luna, exige la entrega de 150 nuevas plazas, así como un total de 23 reinstalaciones y el pago de tres meses de salario.
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“Ayer lunes, recibí por escrito el pliego petitorio de parte del sindicato rojo de la Capama el cual es muy demandante para el ayuntamiento, debido a las 150 nuevas bases y el pago de tres meses de salario a 23 personas que están exigiendo su reinstalación, esto representaría una carga económica terrible para las finanzas que tiene la Comisión de Agua Potable que apenas sale con su nómina cada quincena y cada mes”, expresó Ayala Villaseñor.
Reconoció que el tema de la huelga de hambre que se mantiene a las afueras de la paramunicipal es complicado, pero la carga y la naturaleza del volumen de las peticiones que están haciendo es incosteable para la administración, debido a que no se tiene la capacidad presupuestal para hacerle frente a una demanda de esta naturaleza, llevaríamos a la quiebra total a la paramunicipal si se aceptan estas exigencias de los integrantes del sindicato rojo de para paramunicipal.
Agregó que, al aceptar este pliego petitorio con las 150 nuevas bases, así como el pago de tres salarios para 23 personas que también exigen su reinstalación a través de la huelga de hambre, se estaría poniendo en un riesgo financiero a los más de mil 500 personas que ya están trabajando en la Comisión de Agua Potable.
Dijo que la situación de la CAPAMA es complicada tanto que, en los últimos cuatro meses, el ayuntamiento se ha visto en la necesidad de préstamos económicos por 42 millones de pesos, para cubrir el pago de su nómina de trabajadores debido a que no pueden ni cubrir un mes.
El secretario general del ayuntamiento, expresó que no es la primera vez que realizan este tipo de presiones los integrantes del sindicato rojo de la CAPAMA para exigir demandas, ya que en el 2021 realizaron un paro teniendo como resultado por la presión que ejercieron en el municipio, se concretó una liquidación para Martín Martínez de un millón 380 mil pesos, así como la reinstalación de él, de su esposa y de dos hijos que fueron contratados por primera vez en la paramunicipal.
Abundó que entre las 150 nuevas bases que están pidiendo en el pliego petitorio 2023 los del sindicato rojo, nueva de estas están siendo consideradas para integrantes de la familia del dirigente del sindicato José Martín Martínez Luna.
