La renuncia del Fiscal del General del Estado, Xavier Olea Peláez, no garantiza que la procuración de justicia vaya a mejorar en Guerrero, sobre todo, cuando se carece de inversión en los ministerios públicos y los investigadores sigan teniendo salarios muy bajos, expresaron abogados y ciudadanos de la sociedad civil.
El integrante del Movimiento por la Paz y la Justicia en México, Javier Morlett Macho, aseguró que los gobiernos no invierten en la investigación de los delitos y esto provocará que cualquiera que llegue a la Fiscalía no pueda entregar resultados positivos en la resolución de los casos.
“Si el fiscal no tiene los apoyos presupuestales para crear una institución capaz, lo que hace es estar montado en una bicicleta vieja, obsoleta y ponchada, entonces no puedes desarrollar tu trabajo, hace falta inversión en infraestructura, capacidades, tecnología y temas periciales”, expresó.
Morlett Macho dijo que integrantes del crimen organizado participan con los recursos en los municipios, como el de Acapulco y Chilpancingo, donde forman parte de las empresas en el tema de la prevención del delito, por eso las bandas se vuelven cada vez más fuertes.
Por su parte, el abogado, integrante del Colegio del Estado de Guerrero, Adalberto Solís Gutiérrez, señaló que cualquier persona que llegue a la Fiscalía la tendrá muy difícil, porque no se trata de una persona, sino de la institución que tiene deficiencias, y no cuenta con recursos necesarios para la procuración de justicia.
“Se hablaba mucho de su destitución, pero el problema es quién se iba a quedar, a ver quién se anima a ser propuesto al Congreso, la verdad es que esa posición no es fácil ahorita por la grave situación de violencia que enfrenta Guerrero, y si no hay recursos la situación se pone peor”, consideró.
Ambos personajes consideraron que, cuanto antes, el gobernador debe presentar una terna al Congreso del Estado para que se nombre al nuevo fiscal, toda vez que, con todos los pendientes, esta institución no puede estar acéfala mucho tiempo, sobre todo porque los familiares de las víctimas exigen avances en las investigaciones de cada caso.