A más de seis años de haberse emitido en Guerrero dos alertas para combatir la violencia contra las mujeres, los problemas de los feminicidios y las agresiones contra este sector de la población, siguen registrándose de manera preocupante, aseguró Rosa María Gómez Saavedra, directora ejecutiva del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad.
Agregó que a la fecha en el estado de Guerrero, se tiene un registro oficial de 821 homicidios en contra de mujeres en distintos municipios, por lo que llamó a las autoridades a trabajar para resolver cada uno de estos hechos de violencia y así poder dar paso a las primeras acciones que se requieren para que sean levantadas las dos alertas de género que hay.
La defensora de los derechos de las mujeres en la entidad, manifestó que si se puede decir que hay un pequeño avance en la materia de la violencia de género con la instalación de los mecanismos institucionales en los municipios donde hay alerta, pero esto queda en el olvido debido a que se siguen registrándose los feminicidios.
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Gómez Saavedra, manifestó que el mensaje que se manda por el gobierno del estado al instalar los comités institucionales en los municipios, es de un interés por atender las recomendaciones, pero estas no deben de ser solamente atendidas de manera formal, sino institucional y de manera clara y profunda para resolver cada uno de los casos de violencia que se han denunciado en contra de las mujeres.
Abundó que desde se generaron las alertas de género, hasta este mes de julio del 2023, en el estado de Guerrero, se tiene un registro general de 821 homicidios en contra de mujeres, lo que calificó como un caso de preocupación.
“La instalación de los comités en los nueve municipios de Guerrero donde se tiene la alerta, permite a las organizaciones sociales vigilar que las 21 medidas que se marcan en las alertas de género, se implementen de manera clara, esto es un avance”, precisó Rosa María Gómez Saavedra.
Indicó que la violencia feminicida, ha existido porque hay otros tipos de violencia como la económica, la sexual, la violencia física y la psicológica que tampoco han sido atendidas como debe de ser por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno y por la misma sociedad que también debe de integrarse a los trabajos de la prevención.