La violencia ha ido desplazando a familias enteras de comunidades de al menos diecisiete municipios de Guerrero, a pesar del despliegue de miles de efectivos militares, que por aire y tierra realizan operativos de combate a los grupos delincuenciales que se disputan las rutas del trasiego de droga, que ha dejado una estela de muerte y pueblos “fantasma”.

El conflicto se ha ido avivando a medida que los grupos vinculados con el crimen organizado recrudecen la violencia en amplias zonas de este estado suriano, que ha dado pie al surgimiento de nuevos grupos de autodefensa, que al amparo de la ilegalidad justifican su presencia ante el hartazgo de vivir bajo la amenaza de ser víctimas de las estadísticas fatales.

Este panorama también preocupa al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), por los desafíos que encontrarán por los altos niveles de inseguridad debido a la disputa del territorio entre grupos delincuenciales, que han creado un escenario de violencia que ha colocado a esta entidad como una de las más peligrosas del país.

Las zonas de alto riesgo son: Teloloapan, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, General Heliodoro Castillo, Cutzamala de Pinzón, San Miguel Totolapan, Tlapehuala, Leonardo Bravo, Zirándaro, Cocula, Tlalchapa, Coahuayutla de José María Izazaga, Apaxtla, Cuetzala del Progreso y General Canuto A. Neri.

Además, a esta lista se suman Chilpancingo, Tixtla, Chilapa, Tlapa de Comonfort, Coyuca de Benítez, el puerto de Acapulco, Petatlán, Zihuatanejo y La Unión, en donde también se han incrementado los homicidios dolosos atribuidos a los grupos vinculados con el crimen organizado.

Por lo que el desplazamiento de familias es más grave de lo que manejan las autoridades del gobierno del estado, toda vez que debido a la batalla por el control de las zonas de producción y rutas de trasiego de drogas en las comunidades la violencia no cesa, por lo que cientos de familias abandonan todo por la falta de garantías para sobrevivir ante la ausencia de autoridad, convirtiendo a pueblos “fantasma”, como son La Gavia y San Antonio, en la región de Tierra Caliente.

El presidente municipal de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, confirmó el éxodo de las familias provenientes de la comunidad de La Gavia, debido a que siguen dándose enfrentamientos entre las autodefensas y el grupo criminal que opera en esa región calentana.

Mientras que alrededor de 60 familias de cinco comunidades de la parte alta de la sierra del municipio de Ajuchitlán del Progreso, fueron desplazadas por la inseguridad y han buscado refugio en el municipio de Tecpan de Galeana.

En Chilapa se ha dado una emigración de hombres del campo de sus comunidades, algunos huyen hacia Estados Unidos o estados del norte del país, para escapar de la violencia, luego que en este municipio del corazón de La Montaña se ha recrudecido la rivalidad de dos grupos delincuenciales que se disputan la zona.

Esta misma violencia alcanza al municipio de Tlapa de Comonfort y Tixtla, en donde también hay desplazados, lo mismo ocurre en Chichihualco, Tlacotepec y Zumpango, así también en El Ocotito y Tierra Colorada.

Hasta el momento se tienen confirmadas a unas 150 familias simpatizantes del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) de las comunidades de El Ocotito y Mohoneras, ambas de Chilpancingo, que tuvieron que huir de sus viviendas al ser amenazadas de muerte por integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Estos desplazados viven con amigos o familiares en otras partes de la entidad o fuera del estado, desempleados, duermen donde pueden y muchos de sus hijos dejaron de acudir a la escuela o los encargaron con sus vecinos o amigos de la comunidad para que puedan seguir acudiendo a sus respectivas instituciones educativas.

En Tierra Colorada, el conflicto comunitario sumó a 150 familias que tuvieron que desplazarse por miedo; otro de los municipios que son lacerados por la inseguridad es Coyuca de Benítez, en donde existen decenas de familias desplazadas de la comunidad de Tepetixtla e incluso las autoridades poco se atreven a incursionar.

Hay más desplazados, pero estos no los documenta la autoridad, porque lo hacen de manera paulatina y escapan al monitoreo que realiza el gobierno del estado, que a toda costa ha minimizado el problema, bajo el argumento que la violencia se padece no sólo en Guerrero, sino en todo el país.