CHILPANCINGO, Gro.- La Secretaría de Salud en el estado valora la posibilidad de poner en funcionamiento el área de quemados, que fue construida y parcialmente equipada en el Hospital “Raymundo Abarca Alarcón”, en esta capital, pues nunca se ha presupuestado su operación y se desconoce cuánto costaría su funcionamiento.
El titular de la dependencia, Carlos de la Peña Pintos, indicó que se está elaborando un estudio al respecto, en el que se valorarán el costo que tendrá el equipamiento que falta, el personal que se tendría que destinar a esta área y el costo de la operatividad que conlleva una instalación de este tipo.
Entre otras valoraciones también se considerará el requerimiento del servicio que se tiene en el estado de Guerrero y las alternativas actuales que existen de atención a las personas que por algún motivo sufren quemadoras en su cuerpo.
El hospital de Chilpancingo fue construido durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y una de las novedades que se anunciaron fue la construcción de esta área para quemados, misma que se equipó con ayuda de la fundación Michou y Mau, sin embargo, esta nunca fue puesta en operación.
A raíz del accidente que sufrieron dos mujeres de origen colombiano, que tuvieron quemaduras en el 90 por ciento de sus cuerpos, se ha especulado que recibieron atención deficiente, el tema del área de quemados ha ocupado espacios en medios de comunicación y se reveló que en el hospital el área se utilizaba como bodega de medicamentos, muchos de ellos ya caducados.
Ayer, el secretario de Salud indicó que el área ya fue limpiada, los medicamentos caducados fueron entregados a una empresa, y su abasto sustituido por medicamento nuevo, de tal forma que ahora se valora la posibilidad de poner en operación el área de quemados, pero para eso primero se tiene que elaborar un diagnóstico completo, porque no es poco lo que se tiene que invertir en la operatividad.
Investigación por el caso de las colombianas
Respecto al tema de la investigación que se realiza por la filtración de fotografías en las que se brinda atención médica a las mujeres de origen colombiano que murieron por las quemaduras que presentaban, De la Peña Pintos indicó que no es un tema que están viendo ellos, sino la Fiscalía General del Estado.
Se le insistió que administrativamente también se abrió un expediente en el que la Contraloría Interna realizaría su propia investigación para determinar si hubo alguna responsabilidad administrativa y se aplicarán las sanciones que podrían ser hasta el despido.
"La Contraloría Interna realiza trabajos al respecto, pero todos son para la Fiscalía y el despido podría darse una vez que la Fiscalía determine si hubo responsabilidad de algún trabajador, pero son ellos quienes tiene la responsabilidad del caso, nosotros no vemos nada".
