La Comisión de derechos Humanos del estado de Guerrero se declaró incompetente para atender la queja interpuesta por el fotorreportero José Luis de la Cruz, quien declaró haber sido amenazado por los elementos militares que fungen como guardaespaldas de la fiscal general del Estado, debido a ello el expediente se trasladó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El fotorreportero acudió el pasado 22 de marzo a la ceremonia cívica que organizó el gobierno del estado para conmemorar el aniversario del natalicio de Benito Juárez, en la glorieta de las Banderas, al sitio también se presentó la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón , quien fue custodiada por personal de fuerzas especiales del Ejército de los conocidos como Boinas verdes y algunos armados con rifles de asalto con lanzagranadas incorporados.
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Lo notorio de los militares atrajo al fotógrafo que se acercó para retratarlos y estos elementos trataron de impedir que los retratara y terminaron combinar un empeño, además de amenazas verbales que relató ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero, sin embargo al tratarse de una autoridad federal se declararon incompetentes y la trasladaron oficialmente a la CNDH.
De acuerdo con el oficio número 204/2022, fechado el 24 de marzo, la CDHEG traslado el Expediente VG/1/019/2022-1, a la oficina foránea de la CNDH que está a cargo de Micaela Cabañas Ayala.
La incompetencia de la oficina estatal es porque el ejército mexicano se considera una autoridad federal a pesar de que en este momento se encuentra fungiendo de apoyo a una autoridad estatal, sus actos siguen siendo federales y por eso tendrá que ser la CNDH quien documente la agresión , y dé el trámite correspondiente a la agresión.
José Luis de la Cruz no permite que siga el proceso de queja hasta donde se pueda llegar pues se trata de no permitir que las autoridades sigan vulnerando los derechos que como ciudadanos tenemos más allá que como periodistas, pues las fotografías que se trabajaron se hicieron en un sitio público y se fotografió a un servidor público, para lo que no hay ninguna restricción legal que impida tomarles fotografías.
Finalmente el reportero dijo que lamentablemente este tipo de agresiones a periodistas son las que el gobierno de Andérs Manuel López Obrador ha minimizado y por ello no da importancia a los crímenes de periodistas que ya se han registrado 8 tan sólo en lo que va del presente año .