Al menos 39 reos de alta peligrosidad que se encontraban en cárceles de Guerrero, fueron trasladados a penales del orden federal informo la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, misma que justificó los traslados en la necesidad de ofrecer garantía de estabilidad en los penales.
De acuerdo con un comunicado que emitió la SSP, el traslado de los reos se realizó mediante un operativo coordinado entre la policía estatal, el ejército mexicano y la Guardia Nacional, quienes se apegaron estrictamente a protocolos de actuación, logrando el traslado sin ningún incidente.
“Este traslado de 35 hombres y 4 mujeres se dio desde los penales de Iguala y Chilpancingo a distintos centros federales de Readaptación social del país”, informó la dependencia encargada de la Seguridad Pública.
Lee también: Toman trabajadores por dos horas oficinas del penal de Acapulco
“La medida se efectuó en el marco de los convenios de colaboración entre autoridades locales y federales, con el objetivo de brindar seguridad y dignificar el trato a la población penitenciaria”.
Cabe señalar que en Guerrero no existe un penal del orden federal, por ello dentro de los penales locales conviven los reos de alta con los de baja peligrosidad, los que purgan penas por delitos federales como delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, terrorismo entre otros, con los del fuero común como robo, secuestro u homicidio.
Este problema se ha señalado en diversas recomendaciones que ha realizado la Comisión de Derechos Humanos, después de revisiones en los penales y al menos desde el año 2015 se ha manejado la imperiosa necesidad de construir un penal de alta seguridad, para los presos federales, sin embargo, no se ha logrado y por ello los paisanos que tiene esas condenas son llevados a Morelos, Nayarit, Oaxaca, Jalisco o Incluso al Altiplano en el Estado de México.
“Con estas acciones, el Gobierno de Guerrero contribuye a garantizar la gobernabilidad, así como favorecer las condiciones de readaptación social y dignificar el trato de las personas privadas de la libertad” concluye el boletín.