El ex procurador del estado, durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Iñaki Blanco Cabrera, señaló inconsistencias que tiene el informe que presentó la comisión especial del caso Ayotzinapa y las muchas coincidencias con la investigación qué en su momento llevo la Fiscalía de Guerrero.
Entrevistado en un programa radiofónico Iñaki Blanco indicó que no tiene fundamento el señalamiento de que, para delinear la llamada verdad histórica se hubiese realizado una reunión o conclave en la ciudad de Iguala, o al menos él en su calidad de procurador no participó en ella.
Agregó que en las fechas en que se ha establecido que se realizó la reunión era clara y pública la ruptura que había entre el Gobierno Federal y el Estatal al grado que se llegó a la separación del cargo del gobernador Ángel Aguirre.
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Además resaltó que en ese momento la investigación ya se encontraba toda en manos de la Procuraduría General de la República y la indagatoria que se hizo en el estado se entregó a la Federación.
Fue enfático en establecer qué la investigación que realizó la fiscalía estatal permitió en su momento consignar a 36 personas relacionadas con la desaparición de los estudiantes, además entregaron los elementos suficientes para que 30 más fueran consignadas y son estos los que siguen en la cárcel porque el proceso fue debidamente integrado.
Sobre los casos de tortura qué se han señalado, mencionó que corresponden a fechas y detenciones en las que la Fiscalía Estatal no tuvo absolutamente nada que ver, pues en ese momento ya toda la investigación dependía del Gobierno Federal y entonces la responsabilidad recae completamente en ese ámbito de gobierno.
En su relato el ex procurador también dio a conocer que él y algunos de sus colaboradores fueron llevados a la Fiscalía y retenidos de manera ilegal, ahí los presionaron para que declararan en contra de Ángel Aguirre Rivero, tratando de que al ex mandatario se le vinculara con el crimen organizado.
Esa presión y retención ilegal fue propiciada directamente por Tomás Zerón de Lucio, “entonces es difícil creer que hubo un acuerdo para construir la verdad histórica con las autoridades del estado de Guerrero cuando había un distanciamiento real y tangible que fue público”.
Asimismo dijo que la Fiscalía de Guerrero desde un principio señaló que la responsabilidad principal recaída en el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, quien habría tenido apoyo de algunas policías como la de Cocula y la de Iguala, así como su vinculación con el expresidente de este lugar José Luis Abarca a quien se logró detener por el proceso de investigación que realizó el Estado.
