Servidores públicos estan obligados a presentar su declaración patrimonial

El gobernador Héctor Astudillo Flores tomó protesta a Julián Urióstegui Carbajal como nuevo presidente del Comité Consultivo para el periodo 2018-2019

Carlos Moreno A.

  · miércoles 20 de junio de 2018

Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Rector Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, el gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que el 90% de servidores de la administración pública del Poder Ejecutivo están obligados presentar su declaración patrimonial; por lo que es una necesidad recuperar la confianza de las personas hacia las instituciones.

Astudillo Flores tomó protesta a Julián Urióstegui Carbajal como nuevo presidente del Comité Consultivo para el periodo 2018-2019, a quien expresó su absoluta disposición para escuchar y atender a este comité en aras de hacerlo más exitoso.

El gobernador priista en Casa Guerrero en Chilpancingo, destacó que ha presentado su declaración 3 por 3, de conflicto de intereses y también la declaración ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; reiteró que una de las prioridades de su administración es combatir la corrupción y llevar a cabo el ejercicio público con transparencia.

En la sesión del Comité, Astudillo Flores indicó que el ejercicio público con transparencia es un tema establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y no es algo que se haya tomado “al paso del tiempo en sus más de dos años de gobierno”.

Astudillo Flores afirmó “no me pueden hacer ningún señalamiento de que estoy yo dentro del escándalo o dentro de algún acto que en este momento yo me pueda avergonzar, trato de ser muy prudente con mi propia conducta y por eso formamos el comité y formamos una línea de ética de los funcionarios”.

En su participación durante la presentación del Informe del Comité Rector, el encargado de despacho de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Arturo Latabán López indicó que éste se basa en cinco ejes, los cuales, aseguró se ha cumplido, es el de instaurar el sistema anticorrupción, así como de instrumentar reformas en materia de transparencia, reordenar la administración de las finanzas públicas, fortalecer el control interno, integridad y transparentar las adquisiciones y la obra pública.