El Centro de Derechos de las víctimas ‘Minerva Bello” que dirige el padre Filiberto Velázquez Florencio, uno de los religiosos que ha participado en los diálogos con líderes de la delincuencia para lograr treguas de paz en Guerrero, condenó el enfrentamiento que dejó 17 víctimas en San Miguel Totolapan y urgió al gobierno a implementar medidas que garanticen la seguridad en la región.
El comunicado advierte que comunidades de la región han denunciado presencia de grupos de civiles armados y en cualquier momento podría haber un nuevo hecho de violencia.
Lea también: Transporte en Chilpancingo funcionará hasta las 6:30 de la tarde
En un documento emitido este miércoles el centro de derechos humanos expresó un público repudio y profunda preocupación por los hechos violentos ocurridos ayer en San Miguel Totolapan “Este hecho se suma al clima de violencia generalizada el estado de Guerrero en medio de una fuerte crisis de seguridad”.
“El Centro de Derechos de las víctimas de violencia en múltiples ocasiones ha denunciado públicamente la necesidad de que el Estado Mexicano en sus tres órdenes de gobierno adopten medidas preventivas oportunas en cuanto a la temporalidad y dimensión de la tragedia que se está viviendo”.
La agrupación señaló que ante los hechos registrados es necesario volver a exigir a las autoridades competentes para que se instale una base de operaciones mixtas de inmediato para disuadir las confrontaciones entre los grupos de criminales.
Se recordó que en enero ocurrió otra masacre en la misma región en la que extraoficialmente 9 personas fueron asesinadas y las autoridades reconocieron solo cinco fallecimientos.
“Querenos anticipar a las autoridades que pudiera nuevamente ocurrir otro enfrentamiento en la región de Buenavista y Tetela del Río ya que reportan que se encuentran rodeados, por lo que es importante la presencia de las fuerzas del estado de manera permanente”.
“También es imperante que se tomen las acciones pertinentes orientados a la creación de mecanismos para la pacificación de nuestro Estado a fin de que la población pueda recuperar y desarrollar un proyecto de vida en condiciones dignas y seguras”.