Luego de que se conociera la resolución de un Tribunal Federal que revoca la sentencia con la que se obligaba al estado mexicano a crear una Fiscalía Especial para investigar el caso Ayotzinapa, el presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera, dijo que esto es muestra del interés que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto porque este caso quede en la impunidad y se archive sin esclarecerse.
Este miércoles, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, publicó un acuerdo que establece como fundado el incidente de “imposibilidad jurídica” promovido por la Procuraduría General de la República en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito Judicial, que había ordenado la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad del caso Ayotzinapa.
Con esta resolución, el Magistrado Sabino Pérez García da la razón al estado mexicano para que no se cree la comisión ni se profundice en la investigación, como se había establecido en la primera instancia para llegar a la verdad del paradero de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos en la ciudad de Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014.
“Esta resolución es consecuencia de una acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados; es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”, señaló el defensor de derechos humanos.
