El pleno del Tribunal Electoral del Estado desechó la demanda que seis regidores del municipio de Chilpancingo interpusieron para reclamar el pago de bonos mensuales de 20 mil pesos a cada uno de ellos, además de otro apoyo de 10 mil para el pago de sus colaboradores y un recurso anual de 100 mil pesos como complemento al aguinaldo.
Los denunciantes fueron los regidores del PRI: Antonio Guzmán Ruiz, Guadalupe Aguilar e Inés Camarillo; así como Reynalda Pablo del PAN; María de los Ángeles Pastor del PRD e Iván Galíndez de Morena, quienes en su demanda establecieron que a sus compañeros de Morena se les entregan estas prestaciones, pero a ellos se les ha excluido.
En respuesta el Ayuntamiento entregó al Tribunal los registros de las cuentas bancarias y los presupuestos de egresos de los años 2021 y 2022 que son por los que se reclamó de manera retroactiva estos bonos.
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En la ponencia de la magistrada, Hilda Rosa Delgado Brito, se estableció que a pesar de que con los estados de cuenta y el presupuesto no se garantiza que esos bonos no se hayan entregado, los denunciantes tampoco pudieron comprobar que estos pagos se hicieran a sus compañeros, o que se hubieran aprobado en una sesión de cabildo como propuesta de gasto.
Asimismo se establece que los regidores no son trabajadores subordinados del municipio, sino que son parte del ente de gobierno, de tal manera que ellos tendrían que haber sido parte de la aprobación de un pago de este tipo, pero no pudieron demostrar que en una sesión de cabildo se hubiera acordado pagar bonos como lo reclaman.
En el mismo documento establecen que en tres ocasiones si hubo la entrega de apoyos que tendrían que ver con la atención de situaciones de la pandemia de Covid 19, aunque no se indica cuánto dinero se pagó a cada edil y si se incluyó a los opositores.
En el resolutivo del Tribunal se atendió también el llamado a que se guarde la secrecía de los datos personales en este asunto, es decir que los nombres de los regidores que quieren bonos de muchos miles de pesos, no fueran exhibidos públicamente, pero la respuesta fue que la secrecía de los datos en materia de las percepciones económicas no aplica cuando se trata de representantes populares y servidores públicos que por ley tiene que transparentar sus ingresos.
El resolutivo que desecha el juicio ciudadano interpuesto por los regidores fue desechado por infundado y el proyecto aprobado por unanimidad del pleno.
