En el cuarto día de la jornada de lucha “26 de septiembre no se olvida”, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y padres de los 43 desaparecidos de esa institución realizaron un mitin frente a la sede del Poder Ejecutivo (Palacio de Gobierno), donde exigieron al gobierno federal que cumpla con el compromiso que hizo en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador de resolver de fondo este asunto y esclarecer el paradero de los jóvenes y a la gobernadora Evelyn Salgado aporte elementos que ayuden.
Durante el mitin los padres de los 43 reprocharon que el gobierno se niega a esclarecer este caso, cuando la evidencia ha demostrado que la Policía Estatal, el Ejército, la Policía Federal e incluso la Marina, estuvieron involucrados en los hechos del 26 de septiembre del 2014 y fueron ellos parte del aparato que se llevó, o que protegió a quienes se llevaron a los normalistas.
Insistieron en que es evidente la participación del Estado y muestra de ello fue la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad de la Ciudad Judicial de Iguala, que es sin lugar a duda registraron el momento en que 17 estudiantes fueron bajados de un autobús por parte de elementos policiales y miembros de la delincuencia.
Con este mitin se cierran las actividades en la zona centro del estado para el día viernes 10 de junio la agenda de los normalistas prevé tener actividades en la ciudad de Iguala y posteriormente se trasladarían a la Ciudad de México para continuar en la capital del país las movilizaciones con la exigencia de que se clarifique el paradero de los 43 jóvenes normalistas.
El abogado de los padres de los 43 Vidulfo Rosales Sierra emplazó a la gobernadora Evelyn Salgado a que participe de manera importante en la investigación, porque aunque la indagatoria está a cargo de la Fiscalía General de la República, hay tópicos en los que el gobierno estatal tiene que participar como lo es el tema de los videos de la Ciudad Judicial de Iguala, así como la participación de elementos de la Policía Estatal.
Estableció que hay un peritaje internacional que confirma que en la Ciudad Judicial de Iguala las cámaras de seguridad estaban funcionando que tienen un rango de visión de 300 metros a la redonda del edificio y que estos podían ser manipulados vía remota por lo que hace falta investigar quién los manipulo quien tiene sus videos y que los presenten para saber qué corporación participó para llevarse a 17 jóvenes que fueron bajados en ese lugar.