El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Guerrero, diputado Joaquín Badillo Escamilla, presentó el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política, para tipificar el delito de extorsión como grave y se aplique prisión preventiva, de tal forma de salvaguardar el Estado de Derecho.
El legislador del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con ello, puntualizó que el poder legislativo está atendiendo uno de los ilícitos que más lastiman al sector empresarial de este estado suriano, quienes han denunciado los altos niveles de criminalidad que azotan a su sector.
En su exposición de motivos, precisa que la extorsión es una forma efectiva de ejecutar acciones violentas, que puede ser de manera directa o indirecta, las más recurrentes son por vía telefónica donde se amenaza a una persona con secuestrar a un ser querido si no se paga determinada cantidad de dinero, por anónimos y de tipo personal, de la que se valen las organizaciones delincuenciales a exigir el denominado “cobro de derecho de piso”, o “cobro de protección”.
Este delito dado que no cuenta con medidas cautelares como lo es la prisión preventiva, se ha convertido en una práctica común, ejercida no sólo por grupos delincuenciales sino por muchos ciudadanos que lo ven como una forma de obtener recursos económicos de manera fácil a través de generar miedo y ejecutando acciones violentas, que pueden ser de manera directa o indirecta.
El diputado Badillo Escamilla expuso que este modus operandi, afecta completamente a la actividad comercial; con mayor incidencia al puerto de Acapulco de Juárez, Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco de Alarcón, Tlapa, Iguala y toda la zona de la tierra caliente y parte de la zona norte, donde existe un mayor número de denuncias por está práctica delincuencial.
Admitió que, la cifra negra tiene una incidencia delictiva por arriba de la media nacional, con un catastrófico 97.1 por ciento, debido a que, de cada 100 delitos de extorsión cometidos, las víctimas decidieron no presentar denuncia ante las autoridades competentes, por diversos motivos que van desde la desconfianza en el sistema de justicia o la certeza de que van a perder el tiempo, hasta el miedo a ser nuevamente extorsionados, esta vez por los mismos representantes de la ley.
En la actualidad, toda la ciudadania esta expuesta a ser víctima de este delito, sin embargo afecta de manera directa a los comerciantes, pequeños y medianos empresarios y todo aquel inversionista que genera economía en nuestro Estado, causando no solo daño físico, psicológico y patrimonial a las víctimas, si no a las familias que sufren un miedo profundo por su integridad y por la pérdida de sus bienes o sus ahorros.
Por consiguiente, la presente iniciativa de reforma, busca salvaguardar el Estado de Derecho, inhibiendo esta actividad criminal, mediante una reforma al artículo 19 de nuestra carta magna, con el único fin de integrar en el catálogo de los delitos que cuentan como medida cautelar la prisión preventiva en los casos de extorsión.
Puntualizó que por la propia naturaleza de este delito de alto impacto, debería tipificarse como delito grave, aunado que es un ilícito pluriofensivo: es decir ataca a varios bienes jurídicos tutelados: tales como la propiedad, la integridad física y en algunas ocasiones la propia libertad y la vida misma.
