A pesar de que se reunió los elementos que prueban que la masacre de Aguas Blancas, fue una maniobra de ejecución sumaria de 17 campesinos, la justicia no llega para castigar a los responsables de este acto de barbarie.
Este lunes 28 de junio se cumplen 26 años de esta matanza de campesinos ocurrida en el vado de Aguas Blancas, que cometieron presuntamente elementos de la Policía Mororizada y agentes judiciales del estado.
Aún está fresca en la memoria de los sobrevivientes, que ese trágico día por la mañana, integrantes de la recién creada Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), se dirigían a Coyuca de Benítez, con el propósito de pedir el cumplimiento a las promesas de ayuda a los cultivadores de café.
Al llegar al "vado", ubicado a tres kilómetros de distancia del poblado de Aguas Blancas, fueron detenidos en un retén policiaco, en donde los golpearon y finalmente los masacraron.
El saldo fue de 17 campesinos asesinados y 14 heridos, que derivó que el gobernador de ese entonces, Rubén Figueroa Alcocer, pidiera licencia y se nombrará un Fiscal Especial, para llevar a los responsables a la cárcel.
Sin embargo, la investigación estuvo plagada de irregularidades, según denunció en su momento el abogado de las viudas de los 17 campesinos, José Sánchez Sánchez - ya fallecido-, a pesar de que existían todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición.
Aseguró que, con todos estos elementos que documentaron no solo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sino organizaciones internacionales, no se actuó en contra de los autores materiales e intelectuales.
Por ello, a través de un comunicado emitido en la víspera del aniversario de este suceso por la OCSS, denuncia que siguen sin castigo los responsables de esta ejecución sumaria, pues aseguran que se sigue protegiendo a los principales responsables.
El documento fechado en el poblado de Tepetixtla, ubicado en la parte agreste del municipio de Coyuca de Benítez, reprochan que se hayan gastado millones de pesos "en vanidades" políticas, con evidente presencia de la delincuencia organizada, que amplió el abanico de sus colores y en varios casos abiertamente se dice "morenista".
Critican que desde arriba se hable de un cambio de régimen, pero ponen en tela de duda que se cumpla en los hechos, en virtud de que en muchos casos, los impulsores del "nuevo", nacieron y crecieron políticamente en el régimen anterior y hacen la interrogante ¿de veras cambiaron su visión o solo de camiseta?
Advierten que verán el segundo tiempo del mismo juego. Fortalecer el capitalismo, atraer más capitales, más transnacionales, más monopolios; más despojos a pueblos y comunidades; desactivar y deslegitimar los movimientos y la protesta social.
Puntualizan que, en Guerrero, un nuevo concepto, "Torita", ya no toro, vaca, becerro o becerra. Que anoten los de la Academia de la lengua guerrerense "no tenemos dudas, mandará el toro. No es discriminación, es jugada política", precisa el comunicado.
Por eso, reprochan que este 28 de junio, un año más sin justicia, se repite el ritual de la dádiva económica; un año más para los golpes de pecho, el llanto y las vestiduras desgarradas de los que vieron los hechos de lejos.
Algunos culpables siguen vivos, otros muertos, pero, aunque mueran, siguen siendo culpables. Y exigimos justicia, verdad y castigo el principal culpable, el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
Otros, el general Arturo Acosta Chaparro, ya muerto, que fue parte de la planificación y la ejecución; el gabinete gubernamental estatal de entonces; el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, concluye el comunicado de la OCSS.