En las décadas de 1960 y 1970 un egresado de la normal de Ayotzinapa, Lucio Cabañas Barrientos, armó un ejército insurgente en la sierra de Guerrero y mantuvo un movimiento Guerrillero que luchaba contra el mal gobierno, fue asesinado el 2 de diciembre de 1974, en un enfrentamiento con el Ejército Mexicano, desde entonces esta institución educativa ha sido vigilada por las fuerzas castrenses.
Desde esta premisa de la constante vigilancia que tiene el ejército a la institución es que se ha establecido la posible participación del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que en un mes cumplirán 10 años de haber sido detenidos por grupos delincuenciales que actuaron en complicidad con las autoridades.
En las indagatorias por el tema de los 43 se detectó que uno de los desaparecidos es un miembro activo del ejército que fue capacitado para realizar labores de inteligencia desde el interior de la normal a donde fue enviado para mantener la vigilancia a la institución.
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El abogado de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa Vidulfo Rosales Sierra ha establecido que hay informes de llamadas que este estudiante realizó de tal forma que se confirma que el ejército tenía un seguimiento de los estudiantes desde que salieron de la escuela hasta que fueron desaparecidos.
Otro elemento que hace apuntar hacia el ejército es una versión objetiva de un testigo que indica que un grupo de los estudiantes fueron llevados a la sede del 27 batallón de infantería y después los sacaron para entregarlos al grupo delincuencial Guerreros Unidos.
Otro indicador que apunta a que el ejército tiene responsabilidad por acción u omisión es la presencia de personal militar en el hospital donde se atención a los lesionados que inicialmente trataron de establecer como circunstancial pero hoy gracias a documentos a los que se ha logrado tener acceso dejan evidencia de que estaban ahí informado de lo que pasaba y no se descarta que pretendían llevarse a otros jóvenes.
En los documentos que se han desclasificado también se encontraron evidencias de vigilancia a personas que aún no están identificadas pero que hablaban de la desaparición de los normalistas durante la noche del 26 de septiembre, por ello el abogado de los padres d ellos 43 insiste en que el ejército tiene que abrir todos sus expedientes y permitir que se busque cualquier indicio o evidencia que pudiera dar con el paradero de los normalistas.
Y establece que las fuerzas castrenses tiene responsabilidad por acción u omisión ya que está claro que supieron que los estudiantes estaban siendo atacados y no hicieron nada para protegerlos o ayudarlos permitiendo así que los delincuentes se los llevaran para no volverlos a ver.
