Colectivos feministas solicitaron a las autoridades revisar las carpetas de las mujeres que enfrentan procesos penales relacionados con abortos acusadas por homicidio en razón de parentesco y, de ser el caso, ser liberadas de manera inmediata.
En conferencia de prensa en Acapulco, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, el Observatorio las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OVM Guerrero), y Organizaciones y defensoras del estado de Guerrero, exigieron garantías del derecho a la salud reproductiva de las mujeres, la no criminalización y la libertad para todas aquellas en situaciones similares a Aurelia García Cruceño.
Grabiela Candela Garzón integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres dijo que corresponde al Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Víctimas del Estado de Guerrero, dar cumplimiento a las medidas de justicia y reparación del daño y garantía de no repetición de la Alerta por Violencia de Género (AVG).
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“Es preocupante que por parte del Estado no existan acciones concretas para cumplir con tales medidas, siendo insuficientes los esfuerzos para garantizar una vida libre de violencia, y las consecuencias persistan dando como resultando, violaciones a los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas”.
Recordaron que el pasado 20 de diciembre fue liberada Aurelia García Cruceño, siendo la primera mujer en obtener su libertad después de que el 17 de mayo de 2022, se despenalizará el aborto en Guerrero.
Por su parte, Elizabeth Placido Ríos del colectivo Católicas por el Derecho a decidir México, destacó que tal liberación sienta un precedente “muy importante y abre brecha para que todas las mujeres presas por algún delito relacionado con el aborto sean liberadas, para dar cumplimiento con la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) la cual declara inconstitucional la criminalización del aborto”.
Exigieron, acelerar el cumplimento de la AVG por agravio comparado, específicamente la revisión de todos los casos de mujeres recluidas por delitos relacionados con aborto, que se dé a conocer y cumpla con el plan de reparación del daño cometido a Aurelia y a todas las mujeres que hayan perdido años de sus vidas, detenidas en prisiones por delitos que no cometieron.
Así como la capacitación con perspectiva de género, derechos humanos e intercultural al Poder Judicial y el cese a la criminalización de las víctimas y de las Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres.