/ jueves 20 de agosto de 2020

Pide familia de Armando Chavarría que federación investigue homicidio

La familia del extinto Armando Chavarría Barrera reveló que a 11 años de su muerte se mantiene vigente una solicitud de amparo ante un juez federal en contra de la negativa de la Fiscalía General de la República de atraer el caso

La familia del extinto Armando Chavarría Barrera reveló que a 11 años de su muerte se mantiene vigente una solicitud de amparo ante un juez federal en contra de la negativa de la Fiscalía General de la República de atraer el caso y garantizar acceso a la justicia para la víctima.

La que fuera esposa de Armando Chavarría, Martha Obeso Cázarez, recordó que el asesinato ocurrió cuando él ocupaba la presidencia de la comisión de Gobierno en el Congreso del estado, por ello su muerte es un acto que lesiona al pueblo de Guerrero y más cuando se le ha negado acceso al a justicia por investigaciones mal realizadas y evidentemente interferidas para borrar evidencias.

“El Caso de Armando Chavarría Barrera ejemplifica el funcionamiento del sistema de justicia en México, ante la falta de una investigación seria y de garantías de protección a la víctima u ofendido del delito, una actitud cómplice de las instituciones; el atentado contra su vida y las violaciones a los derechos humanos de la familia y de la sociedad, continúan, en tanto no se identifique y proceda penalmente en contra de los responsables ni se otorgue reparación a las víctimas.”

Recordó que el ex fiscal Alberto López Rosas en su momento di a conocer que el ex gobernador Zeferino Torreblanca mandó sustraer el expediente de Armando Chavarría para borrar evidencias y con ello dificultar que pudiera llegarse al total esclarecimiento de este que es un crimen de estado.

“La justicia retardada, es justicia denegada, a lo largo de estos 11 años de impunidad, diversos sectores de la sociedad han estado presentes en el reclamo al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, por el esclarecimiento y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato planeado en las esferas del poder”.

Indicó que desde hace varios años han estado pidiendo que el expediente lo atraiga la justicia federal, sin embargo recibieron respuesta negativa bajo la justificación de que aún existen instancias estatales que pueden brindarle la justicia que reclama, por ello tuvieron que recurrir a un amparo que actualmente se encuentran en proceso de análisis en los tribunales.

Armando Chavarría siendo diputado del Congreso local fue ejecutado con 10 disparos de arma de fuego el 20 de agosto del 2009, en la puerta de su domicilio de la colonia 20 de noviembre, de los disparos 7 salieron de un arma calibre .380 otras tres de un arma calibre 9 milímetros, los disparos se hicieron a quemarropa y uno de ellos a modo de tiro de gracia en la frente.

La familia ha pedido que se investigue como probable responsable al ex gobernador Zeferino Torreblanca quien días antes del atentado mandó retirar el grupo de escoltas que tenía asignados el legislador.

Mientras que la fiscalía en su momento trató de responsabilizar del crimen al grupo Guerrillero denominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) e incluso solicitó órdenes de aprehensión en contra de 4 personas pero estas fueron negadas por un juez al no haber claridad en la investigación.

La familia del extinto Armando Chavarría Barrera reveló que a 11 años de su muerte se mantiene vigente una solicitud de amparo ante un juez federal en contra de la negativa de la Fiscalía General de la República de atraer el caso y garantizar acceso a la justicia para la víctima.

La que fuera esposa de Armando Chavarría, Martha Obeso Cázarez, recordó que el asesinato ocurrió cuando él ocupaba la presidencia de la comisión de Gobierno en el Congreso del estado, por ello su muerte es un acto que lesiona al pueblo de Guerrero y más cuando se le ha negado acceso al a justicia por investigaciones mal realizadas y evidentemente interferidas para borrar evidencias.

“El Caso de Armando Chavarría Barrera ejemplifica el funcionamiento del sistema de justicia en México, ante la falta de una investigación seria y de garantías de protección a la víctima u ofendido del delito, una actitud cómplice de las instituciones; el atentado contra su vida y las violaciones a los derechos humanos de la familia y de la sociedad, continúan, en tanto no se identifique y proceda penalmente en contra de los responsables ni se otorgue reparación a las víctimas.”

Recordó que el ex fiscal Alberto López Rosas en su momento di a conocer que el ex gobernador Zeferino Torreblanca mandó sustraer el expediente de Armando Chavarría para borrar evidencias y con ello dificultar que pudiera llegarse al total esclarecimiento de este que es un crimen de estado.

“La justicia retardada, es justicia denegada, a lo largo de estos 11 años de impunidad, diversos sectores de la sociedad han estado presentes en el reclamo al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, por el esclarecimiento y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato planeado en las esferas del poder”.

Indicó que desde hace varios años han estado pidiendo que el expediente lo atraiga la justicia federal, sin embargo recibieron respuesta negativa bajo la justificación de que aún existen instancias estatales que pueden brindarle la justicia que reclama, por ello tuvieron que recurrir a un amparo que actualmente se encuentran en proceso de análisis en los tribunales.

Armando Chavarría siendo diputado del Congreso local fue ejecutado con 10 disparos de arma de fuego el 20 de agosto del 2009, en la puerta de su domicilio de la colonia 20 de noviembre, de los disparos 7 salieron de un arma calibre .380 otras tres de un arma calibre 9 milímetros, los disparos se hicieron a quemarropa y uno de ellos a modo de tiro de gracia en la frente.

La familia ha pedido que se investigue como probable responsable al ex gobernador Zeferino Torreblanca quien días antes del atentado mandó retirar el grupo de escoltas que tenía asignados el legislador.

Mientras que la fiscalía en su momento trató de responsabilizar del crimen al grupo Guerrillero denominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) e incluso solicitó órdenes de aprehensión en contra de 4 personas pero estas fueron negadas por un juez al no haber claridad en la investigación.

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