El Consejo Interreligioso del Estado de Guerrero pidió al gobierno estatal y federal impulsar políticas para garantizar la libertad de creencia, debido a que en el estado se cometen delitos de odio en contra de lo religioso y cobro de cuotas.

El presidente del Consejo, Carlos Marx Barbosa Guzmán, se pronunció contra el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua y urgió el esclarecimiento de ambos casos.

En conferencia de prensa, expresó que en la entidad se cometen acciones fuera de la legalidad como saqueos de templos, cobro de cuotas, discriminación y hasta prohibiciones para predicar en algunas regiones.

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Barbosa Guzmán, mencionó que en partes de la región Montaña y Sierra, la delincuencia ya rebasó límites y no respeta a nadie, a tal grado de que se prohíbe predicar su fe.

Exigió que en el caso de los homicidios cometidos contra sacerdotes y líderes religiosos, se investigue y se aplique todo el peso de ley, esto después del asesinato de los sacerdotes Joaquín César Mora y Javier Campos Morales en Chihuahua.

Barbosa Guzmán señaló que los sacerdotes realizaron su labor de apoyar a Pedro Palma, un guía de turistas, quien fue asesinado por José Noriel Pacheco “El Chueco” un líder criminal de la zona, y después disparó contra ellos.

También, enfatizó que a la fecha no ha funcionado la política de “abrazos y no balazos” del gobierno federal, pues señaló que los hechos violentos van en aumento.

En la estructura del gobierno estatal, sigue sin ser restablecida la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, que ha sido una de las demandas de la Iglesia católica.