Alrededor de 200 permisionarios de Zihuatanejo están inconformes por la autorización de 35 concesiones de urban en el puerto que hizo la Dirección General de Transportes en el Estado, pues consideran que no se hizo un buen estudio socioeconómico y fue sólo para que las autoridades obtuvieran beneficios económicos.
En un encuentro con medios de comunicación, un grupo de permisionarios que pidieron la omisión de sus nombres, indicaron que esta situación les afecta mucho porque las ganancias eran pocas, ahora reducirán más.
Consideraron necesario que disminuya el número de concesiones entregadas y que se detengan por lo menos mientras pasa la pandemia por el Covid-19, que por cierto, con ella sufrieron un 50 por ciento de afectación y ahora con las nuevas concesiones estiman el daño económico suba otro 30 por ciento.
En la reunión informaron que están tomando acciones legales para tratar de revertir la entrega de las concesiones, además, puntalizaron que están dispuestos a dialogar nuevamente con el Director Miguel Ángel Piña Garibay, a quien en repetidas ocasiones vieron y le entregaron oficios al respecto.
Las rutas en donde mayormente están siendo afectados son: El Barril, Morelos, Limón, Las Pozas, entre otras; los permisionarios afirman que debieron autorizarse un máximo de 22 permisos para no impactar negativamente la economía del sector.
Los permisionarios acusaron que fue un acto de corrupción del titular de la Dirección General de Transportes la repartición de las concesiones, sin importar la afectación al sector; pues las otorgaron a cambio de cierta cantidad de dinero, y entre más se entregaban, el ingreso a sus bolsillos era mayor.
Por eso hicieron un llamado al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para que tome cartas en el asunto, esperan una respuesta favorable o de lo contrario, advirtieron que habrán de llevar a cabo movilizaciones para ejercer presión.
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