Organizaciones internacionales enviaron un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los gobernadores Evelyn Salgado Pineda y Alfredo del Mazo Maza para solicitar la liberación y el fin de procedimientos judiciales contra la defensora de derechos humanos, Kenia Hernández Montalván.
El 10 de marzo, un juez de enjuiciamiento de Ecatepec en el Estado de México, condenó a la activista a 11 años y tres meses de prisión, acusada de robo con violencia. Antes, el 16 de febrero, ya había recibido una primera sentencia de 10 años y seis meses.
“Es precisamente por su legítima labor en defensa de los derechos humanos que la sra. Kenia Hernández se encuentra recluida en aislamiento en el Centro Penal de Máxima Seguridad del estado de Morelos desde octubre de 2020”, indica el documento.
Se resalta que por cuestiones burocráticas, tanto el acceso a sus representantes legales, así como su participación en las audiencias de los procesos judiciales en su contra, “argumentando su carácter de presa de máxima seguridad”.
A Hernández Montalván se le han negado las visitas familiares, argumentando acciones preventivas contra el Covid-19.
De las nueve causas penales que se desarrollan en su contra, dos se dirimen a nivel local, en el Estado de México, y otra siete a nivel federal en los estados de Guerrero, Guanajuato y Morelos.
“Las organizaciones firmantes asisten con preocupación a las restricciones al derecho a la protesta social, así como el uso indebido del derecho penal utilizado contra la sra. Kenia Hernández y urgen a las autoridades mexicanas a tomar las medidas necesarias a poner fin a su detención arbitraria”, indica el texto.
El documento está firmado por la Organización Mundial Contra la Tortura, Front Line Defenders, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, CIVICUS, y por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). (Con información de Juan Manuel Molina).
