México. (Notimex).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a cinco jugadores del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, así como a 16 de sus familiares, para que les sea reparado de forma integral el daño que les fue causado durante los hechos violentos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
En la sesión de este miércoles, la Segunda Sala del Alto Tribunal concedió el amparo, el cual obliga a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a otorgar una justa indemnización y reparación integral del daño a esos futbolistas y a sus familiares.
Por unanimidad, la Segunda Sala avaló los proyectos de sentencia de los ministros Eduardo Medina Mora y Alberto Pérez Dayán, quienes propusieron conceder la protección de la justicia a los quejosos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les ofreció una compensación parcial, basada en casos similares, sin apoyarse en dictámenes médicos ni en los gastos erogados por su atención médica.
La Comisión alegó que no podía reembolsar gastos no comprobados que reclamaban las víctimas, cuyo autobús fue atacado durante los enfrentamientos registrados la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Los ministros determinaron que la CEAV deberá cuantificar de nuevo el daño moral y físico causado a las víctimas, para compensar la afectación a su proyecto de vida y los gastos derivados de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación, y asegurar una reparación integral.
Para ello no deberá realizar un ejercicio analógico, a partir de casos similares, sino partir de la apreciación prudente y equitativa de las circunstancias particulares de cada caso.
El día de la agresión contra los estudiantes, Los Avispones de Chilpancingo fueron a Iguala a jugar contra Las Iguanas y cuando regresaban a Chilpancingo, fueron atacados a balazos; el chofer de la unidad en la que viajaban perdió el control e impactó el camión contra un alud de tierra. En el incidente, un menor de edad murió.
Durante la sesión, los ministros Medina Mora y Pérez Dayán propusieron dejar sin efecto la resolución del 11 de octubre de 2016 dictada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
