Integrantes de la Coalición Democrática Universitaria acusaron al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Olea, de entregar nombramientos a funcionarios en cargos que no existen en el organigrama ni son plazas reconocidas en el presupuesto.
Señaló que debido a estos nombramientos se provoca un déficit financiero en la Universidad sumado a la exigencia de pagos de salarios y aguinaldos que corresponden al fin de año.
Los quejosos calificaron a Romero Olea de ser sólo una pantalla en la administración pues quien verdaderamente toma las decisiones en la Universidad es Javier Saldaña Almazán, q quien, dijeron, se le recuerda por ser un rector que manejó la universidad de manera opaca, evadiendo las transparencia y la rendición de cuentas.
Lee también: Requiere UAGro 3 mil 500 millones para el 2022
En conferencia de prensa en Chilpancingo, Ramón Reyes Carreto, Román Ibarra Flores, Roberto Sotelo Alarcón y Ramiro Urquizo Aguirre, coincidieron en que Javier Saldaña es el “rector de facto” de la UAGro mientras que Romero Olea dejó de lado la imagen institucional y las actividades académicas, para dedicarse a entregar nombramientos a distintos funcionarios.
Ibarra Flores afirmó que la actual administración usa “de manera discrecional” alrededor de 800 millones de pesos correspondientes a “gastos de operación”; explicó que dicho recurso debería ser canalizado a las escuelas pero en cambio se destinó al pago de salarios de funcionarios que no son necesarios, así como para mantener a Saldaña Almazán visible en medios de comunicación.
Indicó que la autonomía otorga a la máxima casa de estudios la libertad para elegir a las autoridades universitarias, las carreras y programas que se ofertan, pero “no les permite evadir la responsabilidad de informar cómo se gastan los recursos”.
Reyes Carreto consideró que Romero Olea critica a la oposición y los ha señalado de violar la autonomía, porque los integrantes de la Coalición Democrática Universitaria acudieron ante juzgados federales para cuestionar decisiones que tomó el Consejo Universitario, como el cobro del Impuesto Sobre Renta (ISR) a las prestaciones de los trabajadores, los requisitos para candidatos al cargo de Rector y la suspensión del proceso electoral para el cambio de administración.
“Eso no es violentar la autonomía, ellos violentan la autonomía al no acatar las disposiciones en la Ley de Transparencia, en usar recursos federales, estatales, para cuestiones que no están previstas, contempladas y que originan problemas presupuestales y que después se van a llamar víctimas”.
