Al considerar “interpretaciones sesgadas” de algunas notas periodísticas difundidas a nivel nacional, donde lo pretenden implicar en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el ex gobernador de Guerrero aclaró que él nunca se reunió con el ex procurador Jesús Murillo Karam para “participar en la construcción de la supuesta “verdad histórica”.

Mediante una carta dirigida a la opinión pública y a los medios de comunicación, con fecha del 21 de agosto desde Acapulco, el ex dos veces mandatario guerrerense, considera que ese señalamiento “son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos” e insiste “tengo mi conciencia tranquila”.

Dijo que luego del informe presentado por el sub secretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dialogó con él “para manifestarle una vez más mi disposición de seguir colaborando en este lamentable caso, hasta su conclusión”.

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Abundó que el informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, alude a 33 solicitudes de nuevas órdenes de aprehensión donde no hay funcionarios estatales, y se “clasifica en tres rubros: funcionarios federales, funcionarios municipales y miembros de la delincuencia organizada, no hay mención para funcionarios estatales”.

“Estoy en Acapulco y después estaré en mi querido Ometepec, no me voy a esconder ni mucho menos. La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter”, dice en su carta.

Aguirre Rivero cita que “No es momento de especular sobre el curso de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, mucho menos de “fabricar culpables” a través de publicaciones periodísticas”.

Resalta que, en el informe por escrito de la Comisión de la Verdad, se mencionó que “los obstáculos a la investigación provinieron de los jueces federales, las instituciones federales de ese momento, la PGR-FGR, la Sedena y el Cisen. Asimismo, se señala la participación de las policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco”.

“En lo personal, y varios de mis colaboradores, hemos sido citados a declarar y reiteramos nuestra disposición de acudir las veces que sean necesarias para explicar las actuaciones que se realizaron durante y después de la agresión y desaparición de los estudiantes”, comenta.

Insiste que “nunca sostuve reunión alguna para planear la “verdad histórica”, nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala y en ninguna otra parte”, por lo que “resulta absurdo lo que hoy se publica a ese respecto”.

El ometepequense, afirma que se desechó la “verdad histórica” porque fue fabricada y menciona que “hoy es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones, y quién o quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia”.

Asegura estar “tranquilo” y mantiene “la disposición de enfrentar siempre con una gran dignidad y decoro cualquier señalamiento que se me haga”. “Todo lo demás son meras especulaciones”, dice en la carta.

Refiere que “el pueblo de Guerrero sabe quién es Ángel Aguirre Rivero” y “el señor Tomás Zerón (De Lucio)”, titular de la Agencia de Investigación Criminal, “intentó involucrarme a toda costa como miembro de la delincuencia organizada, como consta en las declaraciones formuladas por el maestro Iñaky Blanco, exprocurador del estado y el doctor Jesús Martínez Garnelo, secretario de Gobierno durante mi administración”.

Cita que de las indagatorias que realizó la Procuraduría, a cargo de Iñaky Blanco, “se mantienen firmes, toda vez que quienes fueron detenidos por esta instancia permanecen en la cárcel y no hay acusaciones de tortura o violaciones a procesos judiciales”, y a pesar de ello, el gobierno federal de ese entonces, “cortó toda relación de colaboración con el gobierno de Guerrero”.

Finalmente contabiliza que las 83 órdenes de aprehensión giradas por FGR, tampoco hay ex colaboradores y desglosa que son “20 contra mandos militares y personal de tropa; 5 contra autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 contra policías municipales de Huitzuco; 6 contra policías municipales de Iguala; 1 contra policía de Cocula; 11 contra policías estatales y 14 contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos”.