La dirigencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) anunció el inicio de asambleas en comunidades de la zona indígena en que tiene presencia, para establecer acuerdos en torno a la supuesta consulta que realizó el Congreso del Estado para modificar la ley 701, misma que fue avalada por la Suprema Corte, a pesar de que el proceso estuvo lleno de irregularidades y la consulta sólo se hizo en papel.
Bruno Plácido Valerio, quien vino a Chilpancingo acompañado por 28 comisarios de comunidades del municipio de Ayutla, estableció que la reforma es violatoria de la Constitución y del convenio 169 de la OIT, por ello se establecerán dos vías de lucha.
La primer vía es la política que conlleva movilización social y actividades que como pueblos puedan realizar para exigir a los gobiernos respetar la autodeterminación de los pueblos.
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Indicó que es evidente que los gobiernos tratan de hacer que los pueblos indígenas de Guerrero regresen al sistema de elección por la vía de los partidos, cuando las comunidades lo que demandan es tener libertad de mantener su cultura, sus raíces, su identidad.
Resaltó que la UPOEG seguirá trabajando en la organización de las comunidades, en el sistema normativo de justicia y las policías comunitarias amparados en el artículo 39 de la constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Además del trabajo político la organización está revisando con un grupo de abogados el tema legal y jurídico, para revisar la forma en que se pueda combatir en instancias internacionales porque en México ya no hay otro tribunal al que se pueda recurrir.
Insistió en que el Congreso no realizó la consulta, únicamente hizo papeles que llevó al la Suprema Corte y allá le creyeron, cuando en las comunidades nunca se ha realizado una asamblea, no se pidió a los comisarios que participaran “si consultaron lo hicieron desde sus escritorios y esa no es la forma de hacerlo”.
Con la consulta que planean realizar en las comunidades buscarían llevar al Congreso una nueva propuesta de reforma legal que derogue las modificaciones que hicieron a la ley 701 en la que se eliminaron derechos de autodeterminación de los pueblos originarios.