A cuatro años de que un joven guerrerense con padecimiento de esquizofrenia muriera en circunstancias no aclaradas dentro de un anexo en el estado de Michoacán, su madre reclama a las autoridades que investiguen el caso y porque presume que fue asesinado.
La señora, Emperatriz Alarcón Hernández, originaria de la comunidad de Corral Falso, municipio de Atoyac de Álvarez, relató que durante varios años trató la enfermedad de su hijo donde se apoyó en grupos de tratamiento para enfermos de alcoholismo y drogadicción.
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En el 2020 su hijo fue internado en el centro de rehabilitación "La Paloma", ubicado en el estado de Michoacán y días después se lo entregaron muerto.
De acuerdo al testimonio de la madre, Francisco Javier, de 34 años, fue ingresado en el centro con la esperanza de superar su problema de adicción, tras una lucha de 14 años en la que su familia intentó alejarlo de los vicios en diferentes centros del país, sin embargo, su estancia en el anexo terminó con su muerte el 8 de agosto de 2020.
Las autoridades del centro de rehabilitación y de la Fiscalía General del estado de Michoacán le informaron a la madre que la causa de su fallecimiento fue un infarto, sin embargo ella cree que su muerte podría haber sido causada.
Dijo que cuando acudió a recoger el cuerpo de su hijo en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Morelia, notó una herida de al menos cinco centímetros en el cuello de su hijo, lo que despertó serias dudas sobre la versión oficial, pero la Fiscalía no quiso ahondar en la investigación y no revisó el tema de la herida.
Explicó que seis meses después de la muerte le entregaron un documento en el que se confirmó como causa de la muerte un infarto, sin embargo, en papel el nombre registrado no era el de su hijo, sino el de Fernando Javier Blandillo Alarcón, lo que hace suponer que no hicieron la autopsia de forma correcta.
Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, Emperatriz ha decidido emprender acciones legales contra el médico legista responsable de la autopsia y el personal de la Fiscalía General de Michoacán que participó en la investigación.
A cuatro años del caso la mujer insiste en que el caso tiene muchas irregularidades y demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum que sea solidaria con una mujer que sigue llorando la pérdida de su hijo.