La deficiente aplicación del Estado de Derecho en Guerrero, que quedó evidenciado en el último reporte de la organización World Justice Project, tiene su origen en el manoseo gubernamental que existe en el poder judicial y en la Fiscalía General del Estado, mismo en los que los titulares son designados a propuesta del ejecutivo y con negociaciones en el legislativo, consideró el abogado Evencio Romero Sotelo.
“Mi experiencia como diputado me dejó en claro que para la designación de un fiscal o de un magistrado, la terna que envía el gobierno se negocia antes de la sesión y eso permite que los más tarugos sean nombrados en puestos importantes”.
Por ello tanto la aplicación de la justicia como la procuración de la misma no es el problema, el problema es de quienes la aplican, que son nombrados con un sistema politizado aún cuando supuestamente es la autonomía de la Fiscalía y la separación de poderes del Poder Judicial, que pasan por el tamiz del Congreso del Estado.
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Señaló que se requiere hacer una reforma al Poder Judicial y también al hecho de que el Ejecutivo sea la que mande la terna del Fiscal General, “la propuesta sería que las propuestas al Congreso sean de organismos con capacidad jurídica estamos hablando de Colegios de Abogados, pero no de un colegio de abogados patitos y así quitarle al gobernador esta prerrogativa”.
“Los magistrados son electos por compañerismo, por amiguismo y por partidismo, ahí está, por ejemplo Adela Román, claro que no tienen carrera del Poder Judicial pero les vale, y nombran sin cumplir ese requisito. Esto hace forzosamente que se corrompa la aplicación de justicia y que lleguemos a tener estos niveles de evaluación, en el que somos los peores del país”
En lo que se refiere a corrupción el abogado experto en temas agrarios, dijo que es una mentira de la Cuarta Transformación vino a erradicar, “la corrupción que hay en los ministerios públicos, sigue estando igual o peor, obviamente en los juzgados para administrar también tienes que tener cierta astucia para untar la mano al secretario de acuerdos”
Indicó que el tema más complejo es el que tiene que ver con la desconfianza de los ciudadanos con los juzgadores, de quienes a pesar de ser víctimas prefieren no denunciar ante un sistema que no ofrece garantía de acceso a la justicia.