Síguenos en Twitter yten la información siempre al momento.
Representantes de asociaciones civiles defensoras dederechos humanos revelaron que siguen siendo objeto de amenazas yataques por parte de integrantes de la delincuencia organizada,donde se han documentado desapariciones forzadas, homicidios,violaciones y secuestros en varias regiones del estado de Guerreroque no han sido investigados por la autoridad.
Durante sus participaciones dentro del foro Guerreroes Primero que albergó a líderes de grupos de las siete regionesdel estado, los participantes consideraron que la autoridad quedórebasada por las bandas criminales ya que no han podido atacarlasni detener a sus líderes, sobre todo en la Tierra Caliente, dondelos ciudadanos viven con temor.
Denunciaron también que en Ayutla de Los Libresvarias mujeres embarazadas han muerto debido a la falta deatención médica, por lo que han denunciado negligencia por partede médicos de estas zonas y nadie les ha hecho caso, y no se hanrespetado las recomendaciones que ha hecho la oficina de DerechosHumanos.
“Florencio Salazar Adame nunca se presta pararesolver estos asuntos, no quiere a pesar que ya existe unarecomendación de Derechos Humanos por una mujer de 20 años quedejaron morir junto a su bebé por negligencia médica y losempleados no hicieron nada, destruyeron una familia y cuál va aser el pago, queremos justicia porque era una mujer indígenas”,expresó, Obtilia Eugenio Manuel, una de las activistas.
Por otra parte, otros integrantes de diversasasociaciones civiles quienes se negaron a dar su nombre señalaronque hay grupos armados en Costa Chica y Costa Grande quesupuestamente son policías comunitarios y se dedican a secuestrar,matar y amedrentar a la población, sin que la autoridadintervenga.
Señalaron que en municipios como Ayutla han violadoniñas de 10 y 4 años, y las familias no denuncian por temor a serasesinados y la mayoría de las infantes son menores de edadindígenas que no hablan español y que se aprovechan de estasituación, por lo que sigue sin aplicarse la justicia.
Asimismo, comerciantes del municipio de Coyuca deBenítez que estuvieron presentes en la sesión, denunciaron que ungrupo armado les quemó el antiguo mercado municipal paraobligarlos a mudarse al que construyó el gobierno del estado, peroen el siniestro perdieron mercancía por varios miles de pesos, delos cuales nadie se quiere responsabilizar.
Todos los grupos exigieron a la federación, estado ymunicipios sean capaces de devolverles la seguridad que es suresponsabilidad y garantizar los derechos humanos de las personas,sobre todo de las más pobres, discapacitados e indígenas que adiario sufren agresiones en las regiones del estado deGuerrero.