La dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) calificó como actos de hostigamiento laboral hacia el magisterio de Guerrero los documentos con que se advierten sanciones a quienes o presentaron su declaración patrimonial, que se les requirió durante el mes de mayo y los primeros días de junio.
Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Seccional Democrático de la CETEG, que encabeza Héctor Torres Solano, estableció que sus agremiados están siendo amenazados con sanciones por no presentar una declaración que es completamente ilegal y fuera de toda normativa.
“La ley es clara cuando dice que son los funcionarios públicos los únicos que deben cumplir con esta obligación”, esto estaría contemplado en el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, que hace la diferencia entre empleado gubernamental y servidor público, estableciendo que estos últimos son los que tiene en su responsabilidad el uso y manejo de los recursos públicos.
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Puntualizó que son los representantes de elección popular, funcionarios, empleados y, en general, toda persona con independencia de su jerarquía o adscripción que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos, los Órganos Autónomos y los Órganos con Autonomía Técnica, quienes deben presentar la declaración.
“En el Estado de Guerrero se reconoce a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, el valor de su contribución a la transformación social”, por ello consideraron un acto de acoso muy lamentable el que se está haciendo desde el gobierno del estado a través de la ContralorÍa Estatal
“Por lo anterior, sostenemos que los Trabajadores de la Educación no somos Servidores Públicos y no representamos una amenaza al erario, por lo que es innecesaria la declaración patrimonial y de interés de quienes con un salario raquítico vivimos al día”.
Finalmente, la CETEG llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su administración a dejar de amedrentar y amenazar con sanciones a los trabajadores de la Educación y ratificar su discurso de transparencia y ataque a la corrupción realizando la auditoría externa al Plan Flexible de Previsión Social, que solicitó en el 2021 y que ella aceptó realizar pero hasta el momento no se ha avanzado y se mantiene en la opacidad el desvío de miles de millones de pesos que son patrimonio de los trabajadores de la educación.