El repunte de violencia que se tiene en Chilpancingo donde en el fin de semana se asesinaron a por lo menos seis personas, no es algo nuevo, es resultado de la impunidad que se vive en Guerrero, de una estrategia de seguridad fallida y las complicidades de autoridades con los gobernantes, señaló el sacerdote, José Filiberto Velázquez Florencio, quien es fundador y director del centro derechos humanos Minerva Bello.
Resaltó que en Guerrero y en todo el país, las autoridades no han hecho nada para fortalecer las policías locales, y todo el supuesto trabajo en materia de seguridad lo han enfocado en la fallida estrategia de militarización a través de la Guardia Nacional y el Ejército que se mantiene en las calles, cuando su función constitucional es otra.
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El padre Filiberto administra una casa de asistencia frente al hospital general Raymundo Abarca Alarcón donde dan asilo a familiares de enfermos que se encuentran en situación de alta marginación, además de que mantiene el trabajo con colectivos de familiares de desaparecidos en los que han documentado y dado acompañamiento a más de 100 casos de Guerrero de los que todos se mantiene en la impunidad.
"En Guerrero tenemos una estrategia de seguridad fallida, tenemos una falta de justicia para las víctimas y no se castiga a los perpetradores, además de la colusión obvia que hay de los grupos delictivos del crimen organizad con las autoridades ya que sin esa coordinación sería imposible sin que haya estas consecuencias".
Insistió en que la impunidad en que se encuentran la mayoría de os crímenes es un aliciente para los perpetradores a que vuelvan a delinquir, pues saben que si su primer delito quedó en la impunidad el segundo tercero y demás subsecuentes tendrán el mismo fin, "víctimas que nunca puedan acceder a la justicia y perpetradores viviendo en la impunidad".
Eso es para nosotros la preocupación, que se tiene una continuidad en la violencia, que se ha vivido y cada vez vemos menos sensibilidad en los gobiernos para atender el reclamo de justicia.
Resaltó que en el actual gobierno hay una particular intención de resolver casos en la Fiscalía General del Estado, pero los avances en los casos veces se entrampan en el poder judicial, por lo que también ahí se requiere de un trabajo de sensibilizar a los jueces y magistrados.
