Trabajadores del gobierno del estado en cualquiera de las secretarías, que no hayan presentado su declaración patrimonial tendrán las sanciones que correspondan de acuerdo con la ley de los servidores públicos, informado el titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia gubernamental, Eduardo Gerardo Loría Casanova.
El funcionario indicó que debido a que la falta se realizó por primera ocasión, la sanción podría ser solamente una amonestación administrativa, para quienes incumplieron, pero en caso de que haya reincidencia, se puede llegar incluso a la destitución del cargo o la inhabilitación.
Loria Casanova aseguró que en general fueron personas sindicalizadas las que se resistieron a presentar su declaración patrimonial, por ejemplo en el caso de Educación se tuvieron reuniones con miembros de la CETEG para invitarlos a que presentaran su declaración y lo que la ley manda, en estas Reuniones también se les presentó el motivo por el que se tiene que presentar esta declaración, que no es una ocurrencia del gobierno estatal sino una obligación establecida en la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos.
Estableció que envió oficios a cada una de las direcciones y secretarías para que estén notificados y se promueva el cumplimiento de esta obligación y afortunadamente muchos atendieron el llamado aunque aún se tienen reticencias.
Agregó que el próximo lunes se dará a conocer la cifra oficial de los que cumplieron y los que aún están pendientes por realizar este trámite y con ello también se iniciará la aplicación de sanciones con base en lo que establece la Ley General de Responsabilidades.
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"En Guerrero entró en vigor una nueva ley de responsabilidades que en su versión anterior obligaba sólo a que presentaran declaración solo quienes ostentaban cargos de director hacia arriba y esto generaba alrededor de 7 mil sujetos obligados y con la nueva ley el número de obligados crece a 120 mil porque se incluye a todos los servidores públicos".
Cabe señalar que tan sólo en la Secretaría de Salud se tiene información de que fueron 12 mil 976 trabajadores los que se resistieron a presentar su declaración patrimonial y en Educación la cifra debe ser más o menos parecida.
En estas áreas, los trabajadores han recurrido a vías legales como el amparo para no presentar la declaración debido a que considerando que es violatorio de sus derechos laborales, pues su relación laboral la rige el artículo 123 constitucional, porque son empleados y en el caso de los servidores públicos están sujetos a los previstos en el artículo 108, entonces tendrán que ser los tribunales federales los que determinen si deben o no cumplir con esta obligación.
